El proceso contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, reaviva el debate sobre corrupción, recuperación de bienes y responsabilidades penales, en medio de pedidos legislativos para impedir nuevas postulaciones de exautoridades con causas abiertas.
eju.tv / Videos: Wara TV
El caso que involucra a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, ingresó a una fase decisiva en el ámbito judicial y político, tras la imputación formal por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y el pedido fiscal de detención preventiva por seis meses, mientras desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se exige no sólo una sentencia, sino también el resarcimiento del daño económico causado al pueblo boliviano.
El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, sostuvo que el proceso debe resolverse con objetividad y sin encubrimientos, remarcando que la corrupción constituye uno de los principales males que afectan al país. En ese marco, afirmó que la investigación debe alcanzar a todos los actores materiales y responsabilidades directas, sin limitarse a niveles intermedios del poder Ejecutivo.
Pacheco señaló que, al inicio de su gestión, presentó más de un centenar de peticiones de informe escrito y anunció que impulsará denuncias penales contra funcionarios de distintos niveles y gestiones, incluyendo gobiernos nacionales, departamentales y municipales. En referencia al caso Arce Mosqueira, el legislador enfatizó que la justicia debe sentar un precedente y no quedarse únicamente en la emisión de una sentencia, sino garantizar la recuperación de los recursos presuntamente sustraídos.
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“Un mal que aqueja a todos los bolivianos es la corrupción y hay que cortarla de raíz, hay que cortarle las uñas y esperemos que se siente un precedente con estas investigaciones y entren muchos a la cárcel, no solamente que haya una sentencia sino también que haya un resarcimiento de daño porque de verdad que se le ha hecho mucho daño al pueblo boliviano”, afirmó el legislador del bloque opositor afín a Andrónico Rodríguez.
En paralelo, el diputado anunció que trabaja en un proyecto de ley destinado a impedir que exautoridades con denuncias pendientes puedan volver a postular a cargos electivos, al considerar que la reiteración de candidaturas de personas investigadas por corrupción debilita la institucionalidad y la confianza ciudadana. Calificó de vergonzoso que exautoridades observadas continúen en un afán de sacar provecho del Estado.
“Personas que le han robado a la instancia se postulan para candidatos, que vergüenza de verdad, este diputado está trabajando en un proyecto de ley para que las autoridades salientes que tengan denuncias ya no se puedan postular para autoridades electas. personas que le han robado a la instancia se postulan para candidatos, que vergüenza de verdad, este diputado está trabajando en un proyecto de ley para que las autoridades salientes que tengan denuncias ya no se puedan postular para autoridades electas”, puntualizó.
Desde el Ejecutivo, el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, confirmó que Rafael Arce es investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y que el Ministerio Público ya presentó una imputación formal, tras identificar indicios suficientes sobre el incremento patrimonial injustificado.
Luis Arce Catacora y su hijo Rafael Arce Mosqueira. Foto: Wara TV
“El Ministerio Público ya ha señalado que existen suficientes indicios de que el hijo del expresidente ha generado legitimación de ganancias ilícitas, por lo que en este caso nosotros, como parte, también estamos generando todos los procedimientos necesarios para que podamos llegar no solamente a la imputación, no solamente a la rebeldía”, aseveró para luego sostener que el caso debe llegar hasta establecer un fallo condenatorio.
García explicó que el proceso no se limita a una denuncia pública, sino que se activaron procedimientos legales orientados a la recuperación de bienes, incluyendo la aplicación de medidas cautelares de carácter real, como la anotación preventiva de activos a favor del Estado. “Lo que la población espera no es sólo que las personas comparezcan ante un juez, sino que los bienes producto de la corrupción retornen al patrimonio de los bolivianos”, sostuvo.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de La Paz, Arce Mosqueira habría incrementado su patrimonio entre mayo y junio de 2025 mediante la adquisición de 13 inmuebles, tres vehículos de lujo y la apertura de 12 cuentas bancarias, por un monto aproximado de 755 mil dólares. El Ministerio Público advirtió riesgos de fuga y de obstaculización del proceso, motivo por el cual solicitó la detención preventiva y notificó la imputación mediante edictos.