La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) expresó su respaldo a las políticas públicas orientadas a mejorar el acceso de la población a medicamentos, pero advirtió que la aplicación del arancel cero para la importación de fármacos, sin criterios de equilibrio productivo, puede poner en riesgo a la industria nacional y a miles de fuentes de empleo.
Mediante un comunicado, la entidad ratificó su “compromiso innegociable con la salud pública y con el desarrollo sostenible del país”, recordando que la industria farmacéutica organizada en Bolivia cuenta con más de 90 años de trayectoria, periodo en el que ha contribuido a garantizar medicamentos seguros y de calidad, además de fortalecer la soberanía sanitaria a través de la producción nacional.
Cifabol señaló que si bien el acceso oportuno a medicamentos es un objetivo central, las políticas públicas deben contemplar también el rol estratégico del Estado en el desarrollo industrial. En ese sentido, alertó que una apertura irrestricta a medicamentos importados podría profundizar la competencia desigual, reducir la competitividad de la producción local y agravar la compleja coyuntura económica que ya enfrenta el sector.
Cifabol
Esta postura se debe que en el Arancel Aduanero 2026 se incluye a los productos farmacéuticos dentro del gravamen arancelario cero, por lo que importarlos será más económico, lo que podría generar que su comercialización se realice a precios por debajo de los fármacos producidos en el país.
Según datos del gremio, la industria farmacéutica nacional genera actualmente más de 7.000 empleos directos y alrededor de 11.000 indirectos, vinculados a toda la cadena productiva. La cámara advirtió que estas fuentes laborales podrían verse seriamente afectadas si no se adoptan medidas que protejan la sostenibilidad del sector.
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Cifabol reiteró su disposición al diálogo técnico con el Gobierno y recordó que ha solicitado en reiteradas ocasiones ser incluida en el diseño de políticas públicas relacionadas con medicamentos.
En ese marco, el sector se declaró en estado de alerta ante lo que considera un riesgo real de debilitamiento de una industria estratégica para la salud, el empleo y el desarrollo económico del país.