El asambleísta defiende el proyecto de Ley Antibloqueos y afirma que el país ha sido rehén durante décadas de una práctica que vulnera derechos fundamentales, genera muertes, paraliza la economía y aísla a Bolivia.
eju.tv / Video: La Hora Pico de eju.tv
El diputado Carlos Alarcón sostiene que los bloqueos de caminos constituyen un acto de violencia contra millones de bolivianos y no una forma legítima de protesta, al presentar y defender su proyecto de Ley Antibloqueos, actualmente en tratamiento en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, aunque debe ingresar en proceso de socialización antes de su tratamiento programado para el próximo mes de febrero.
En declaraciones al programa La Hora Pico de eju.tv que se transmite por radio Oriental de Santa Cruz, el asambleísta de la Alianza Unidad plantea que el país arrastra desde hace varias décadas una ‘cultura del bloqueo’ que desconoce los derechos fundamentales de las grandes mayorías y ha generado consecuencias devastadoras para la seguridad, la economía nacional y la imagen de Bolivia ante el contexto internacional que ve un país inviable por la falta de seguridad jurídica.
“Hemos aguantado durante décadas que millones de bolivianos sean víctimas de esta violencia delincuencial de los bloqueos, porque toda la sociedad y el Estado se ha preocupado más de los bloqueadores que de los bloqueados, de las víctimas; y ha llegado el momento de sacar cara y preocuparnos por millones de víctimas de los bloqueos y porque la sociedad en su conjunto también es una víctima, porque la cultura del bloqueo nos somete como país al estancamiento, al atraso, a la inviabilidad del progreso y del desarrollo”, cuestiona.
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El legislador sostiene que los bloqueos vulneran de manera directa el derecho constitucional al libre tránsito y circulación, además de afectar derechos como la vida, la salud, la educación, el trabajo y la alimentación. En ese marco, recuerda hechos de violencia extrema ocurridos en el país. “No podemos olvidar el secuestro, tortura y asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes durante un bloqueo minero, ni los recientes bloqueos donde murieron policías y civiles”, pone como ejemplo.
Alarcón refuta que el Estado y la sociedad hayan priorizado históricamente la atención a los bloqueadores por encima de las víctimas y de intereses económicos que iban a beneficiar a la población en su conjunto. “El propio Estado impone la autoridad mínima contra los bloqueos y termina siendo víctima porque nos aísla en el contexto de las naciones. Hemos perdido la oportunidad de ser la carretera integradora bioceánica del Atlántico con el Pacífico, el corredor carretero, porque Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Argentina nos han aislado por los bloqueos”, lamenta.
Alarcón asevera que, de haberse plasmado el concurso de Bolivia en ese proyecto vial, la situación del país sería muy diferente. “Podríamos haber tenido ingresos como país, inclusive superiores a los de la venta y exportación del gas. Y ahuyentamos el turismo, ahuyentamos las inversiones de calidad. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde la moneda corriente de décadas y décadas es el delito de los bloqueos? Eso rompe cualquier seguridad jurídica, cualquier seguridad económica”, puntualiza.
Alarcón con los conductores de la Hora Pico de eju.tv María Belén Mendívl y Jorge Robles. Foto: captura de pantalla
El proyecto de Ley Antibloqueos fue presentado el 15 de diciembre del año pasado y propone penas de cárcel de tres a seis años para quienes bloqueen vías públicas impidiendo el libre tránsito de personas, bienes y mercaderías. Además, plantea sanciones agravadas de cinco a ocho años para promotores, organizadores, financiadores y dirigentes que instigan los bloqueos, y penas de entre 10 y 20 años cuando se atente contra la vida, la integridad física o el patrimonio público y privado.
“Los promotores no suelen estar en los puntos de bloqueo, pero son quienes deciden y financian estas acciones criminales”, explica el diputado. Añade que la norma incorpora la figura de responsabilidad civil solidaria, que permite a las víctimas demandar a los responsables por la totalidad del daño sufrido. “El foco de esta ley no son los bloqueadores, sino las víctimas”, remarca Alarcón, al citar casos de pequeños productores que pierden su mercadería y su sustento diario por los bloqueos. “La gente más pobre es la más afectada”, subraya.
En respuesta a críticas de sectores de derechos humanos que sostienen que la ley criminaliza la protesta, el legislador es enfático al rechazar que los cercos sean una forma legal de reclamo social. “Nos han metido durante más de 20 años la mentira de que el bloqueo es igual a la protesta. Eso es falso. No hay ningún país del mundo, salvo Bolivia, que considere el bloqueo como un derecho constitucional”, apunta ante los pronunciamientos de entidades como la Defensoría del Pueblo.
Alarcón recordó episodios como el cerco a la ciudad de La Paz durante el gobierno de Evo Morales, cuando se impidió el ingreso de alimentos, agua y energía eléctrica. “Eso afectó a mujeres embarazadas, niños, hospitales y ancianos. Ahí no aparecieron los defensores de derechos humanos”, cuestiona. En el plano económico, el diputado advierte que los bloqueos han aislado a Bolivia y ahuyentado inversiones, turismo y oportunidades de desarrollo.
Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de socialización mediante audiencias públicas convocadas por la Comisión de Justicia Plural. Sin embargo, Alarcón alerta sobre el riesgo de que este proceso se utilice para dilatar indefinidamente la aprobación de la norma. “Cuidado que terminemos con una ley probloqueo y no con una ley antibloqueos”, indica. Como alternativa, plantea que, una vez sancionada la ley, se la someta a referéndum. “Que el pueblo decida”, sentencia.