La declaratoria de emergencia viene acompañada de un ultimátum. Unzueta anunció que de no recibir una respuesta satisfactoria se tomarán medidas de hecho. «Nos declaramos en estado de emergencia y en el caso de no ser atendidos, nos reservamos el derecho de tomar las medidas de hecho que sean necesarias», afirmó con lo que dejó abierta la posibilidad de movilizaciones o acciones de presión.
Frente a la grave crisis financiera que afecta a todas las instituciones públicas del Beni, el gobernador, Alejandro Unzueta, convocó a una Asamblea de Emergencia donde se develaron datos contundentes sobre el estrangulamiento presupuestario que sufre el departamento. Las cifras oficiales presentadas muestran que en 2025 la Gobernación solo recibió el 50% de las transferencias correspondientes, mientras que para la presente gestión 2026 la cifra es del 0%, una situación que las autoridades califican de «asfixia financiera» por parte del Gobierno central y que las llevó a declarar estado de emergencia.
«Los técnicos indicaron que las instituciones de la Gobernación del Beni procedieron a elaborar un Plan Operativo Anual, con un presupuesto que permita atender la competencia de las necesidades básicas y reales del departamento, cuyo monto es de 398 millones de bolivianos, comparado con los 214 millones que solamente nos quisieron dar y ahora nos han aprobado 183 millones, dejando en una verdadera crisis financiera nuestro departamento», afirmó Unzueta y reveló una diferencia de más de 214 millones de bolivianos entre lo proyectado y lo asignado.
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La tabla presentada por los técnicos departamentales es elocuente porque mientras el presupuesto asignado para 2025 fue de Bs 228.2 millones, las transferencias efectivas solo alcanzaron Bs 143.4 millones, de los cuales Bs 29.3 millones fueron deducidos automáticamente, dejando recursos disponibles de apenas Bs 114.1 millones, equivalentes al 50%. Para 2026, la situación es aún más crítica: con un presupuesto asignado de Bs 183.3 millones, las transferencias recibidas hasta la fecha son Bs 0.00, es decir, el 0%.
Esta restricción severa de recursos tiene consecuencias humanas inmediatas. Unzueta denunció que, como resultado directo, el gobierno departamental adeuda hasta cuatro meses de salarios a sus trabajadores, lo que afecta a miles de familias benianas.
«Pese a contar con un POA debidamente aprobado, el gobierno departamental en el año 2025 solo recibió 50% de liquidez. Situación que impide material y legalmente cumplir con sus obligaciones laborales», explicó el gobernador.
Más allá del problema salarial, Unzueta argumentó que se está vulnerando la estructura autonómica del Estado. «No están solamente vulnerando la autonomía, están vulnerando el derecho a la vida, el derecho al trabajo y a la justa remuneración de los funcionarios, no solamente de la gobernación, sino de todo el sistema de salud», sostuvo y enfatizó que la crisis se extiende a hospitales, municipios y la Asamblea Legislativa Departamental.
Tras el análisis, la Asamblea de la Institucionalidad Beniana, que incluyó a autoridades municipales, legisladores y representantes sociales, tomó resoluciones unánimes. Entre las principales exigencias figura el «respeto irrestricto a la autonomía financiera departamental» y la «instalación urgente de una mesa de alto nivel con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con resultados concretos y plazos definidos».
La declaratoria de emergencia viene acompañada de un ultimátum. Unzueta anunció que de no recibir una respuesta satisfactoria se tomarán medidas de hecho. «Nos declaramos en estado de emergencia y en el caso de no ser atendidos, nos reservamos el derecho de tomar las medidas de hecho que sean necesarias», afirmó con lo que dejó abierta la posibilidad de movilizaciones o acciones de presión.
El mensaje final del gobernador fue una reivindicación de derechos, no de privilegios. «El Beni no pide privilegios, el Beni exige justicia, el Beni define la dignidad de su gente», concluyó Unzueta y así puso en entredicho la coherencia de un Estado Plurinacional que mantiene a uno de sus departamentos en la insolvencia absoluta mientras vulnera los derechos laborales de miles de familias.