La Cancillería informó que la salida de la representación diplomática fue una decisión del Estado venezolano y anunció que se iniciará un análisis para identificar el número y el estatus legal de los venezolanos que residen en el país.
Fuente: eldeber.com.bo
La salida de la representación diplomática de Venezuela del país no fue una decisión del Estado boliviano, sino una determinación adoptada por el propio Estado venezolano, aclaró el canciller Fernando Aramayo y anunció que se iniciará un proceso de análisis sobre la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos que residen en Bolivia.
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Durante una conferencia de prensa, el canciller explicó que, tras el desenlace político ocurrido en Venezuela, la delegación diplomática abandonó el país sin que exista una solicitud, retiro o expulsión promovida por Bolivia. “No ha sido una decisión del gobierno ni del Estado boliviano, ha sido una decisión del Estado venezolano”, afirmó.
El jefe de la diplomacia boliviana precisó que, pese a esta situación, los canales diplomáticos permanecen abiertos y que la presencia consular de Bolivia en Venezuela está garantizada para atender a los ciudadanos bolivianos que residen en ese país. Indicó que ya se tomó contacto con alrededor de 6.000 connacionales y que se habilitaron canales de comunicación para atender eventuales solicitudes de apoyo, incluido un posible retorno al país.
En relación con los ciudadanos venezolanos que viven en Bolivia, Aramayo reconoció que no existe un registro preciso sobre su número ni sobre su estatus migratorio, debido a que en gestiones anteriores no se habilitaron mecanismos de regularización. Señaló que esta situación será evaluada por el actual Gobierno para definir acciones futuras
“Hay muchos venezolanos indocumentados en el país y esto es algo que estamos analizando para poder ver cómo trabajar hacia adelante”, sostuvo, al anunciar que en el corto plazo se emitirá una comunicación oficial para establecer mecanismos que permitan identificar cuántos son, cuál es su situación legal y cuáles son las características de su permanencia en Bolivia.
El canciller también advirtió que se aplicará la normativa vigente para evitar que personas vinculadas al anterior régimen venezolano utilicen de manera oportunista las políticas migratorias del país. En ese sentido, aseguró que Bolivia se sumará a los esfuerzos de otros Estados que evalúan medidas similares, siempre en el marco de la ley.
Respecto al restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Venezuela, Aramayo señaló que estas se normalizarán una vez que se restablezca el orden constitucional y las garantías democráticas en ese país, producto de la voluntad del pueblo venezolano.
El Gobierno reiteró que su posición frente a la situación venezolana se rige por los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, con énfasis en la protección de los derechos humanos y en una salida que permita la reconstrucción institucional y social del país vecino.