La Sala Constitucional de Santa Cruz admitió el recurso de acción popular presentado por un abogado con la finalidad de anular el decreto 5503
eju.tv /Video:IN TV Bolivia
La Sala Constitucional de Santa Cruz admitió la acción popular presentada en contra del presidente Rodrigo Paz por la aprobación y vigencia del decreto 5503, que eliminó la subvención y dispuso el incremento del precio de los carburantes. La audiencia fue fijada para las 13:00 del 9 de enero.
La red Gigavisión publicó la decisión de admisión ante el recurso presentado por el abogado Wilmer Vasquez, con la finalidad de anular el decreto, que rige desde el 17 de diciembre y que implicó el cambio de modelo económico.
“Se admite la presente acción popular, a cuyo efecto, teniendo en cuentan las audiencias programadas con antelación, considerando que se debe diligenciar comisiones instruidas en la ciudad de Sucre y en la ciudad de La Paz, se señala audiencia pública para su consideración y resolución para el viernes 9 de enero de 2026 a horas 13:00”, refiere la resolución.
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Además del presidente Paz, están citadas la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.
La audiencia será virtual.
Según el jurista, presentó el recurso porque «vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), afecta la economía familiar y compromete la soberanía nacional».
El decreto 5503 es resistido por la Central Obrera Boliviana (COB), que convocó a sus bases a un paro y bloqueo hasta su derogación. Otros sectores denunciaron que el artículo del «Fast Track» busca atraer inversiones rápidas para sectores estratégicos, burlando el control del Legislativo.
La vocera Presidencial, Carla Faval, aseguró este martes que el Gobierno no derogará el decreto 5503, aunque sí tiene la disposición de hacer ajustes, en el marco del diálogo y socialización de la norma con distintos sectores sociales.
El decreto 5503 dispone la anulación de la subvención, pero la ley del Presupuesto General del Estado, elaborado en el gobierno del expresidente Luis Arce y en vigencia, mantiene la subvención.
