El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, advirtió que los avasallamientos han escalado en violencia y se convirtieron en un régimen de miedo para los productores.
eju.tv / Video: CAO
La violencia ligada a los avasallamientos de tierras volvió al centro del debate público tras los sucesos de la pasada jornada ocurridos en inmediaciones del predio Las Londras, en el norte cruceño, donde un grupo de personas atacó con piedras a los vehículos de una comitiva interinstitucional encabezada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que se dirigía al sector para retomar las propiedades tomadas.
La mañana de este miércoles, diferentes instituciones de productores a la cabeza del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, advirtieron que los productores viven bajo amenazas constantes y están expuestos a mafias que operan con total impunidad. El representante de los productores sostuvo que los hechos registrados en Las Londras son una evidencia de hasta dónde escaló el problema.
“No nos olvidemos que, en Las Londras, hace años atrás, periodistas fueron secuestrados y golpeados. Eso es lo que vive un productor”, afirmó, al señalar que quienes trabajan la tierra conviven con miedo, extorsiones y violencia. Añadió que los avasallamientos ‘están subiendo de nivel’ y que cada vez los invasores son más agresivos, por lo que demandó que el Estado actúe con firmeza contra aquellas personas que alientan a grupos de personas a incurrir en la ilegalidad.
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El contingente policial que se hizo presente en Las Londras. Foto: Correo del Sur
En ese contexto, respaldó la presencia del gobernador de Santa Cruz en los predios de Las Londras y del norte cruceño junto a la Policía, como una señal de que las autoridades deben enfrentar a los grupos irregulares. “Aplaudimos las acciones del gobernador de Santa Cruz por ir con la policía a los predios de las Londras, en el norte de Santa Cruz, donde esperemos que haya una postura, que comencemos a detener a los cabecillas para que tengan un juicio, para que tengan una condena”, puntualizó.
Frerking subrayó que existen órdenes de aprehensión presentadas por propietarios, las cuales deben ser ejecutadas por la Policía y el Ministerio Público, para retomar el imperio de la ley y el Estado de derecho en esa y otras regiones. “Son muchas propiedades avasalladas, hay muchas denuncias en el Ministerio Público, hay muchas denuncias en los juzgados agroambientales donde tiene que darse una solución para que el país pueda invertir y salir adelante”, enfatizó.
Además, el empresario advirtió que la continuidad de los avasallamientos ahuyenta la inversión privada y golpea directamente la producción de alimentos. “Sin inversión no va a haber futuro, y el país necesita producir más para salir de esta crisis económica”, señaló para pedir después “que se cumpla la ley, que se cumplan las órdenes de aprehensión, las órdenes de desalojo, para que así todos los productores comencemos a trabajar por un país diferente”.
Hubo gente armada en el avasallamiento de Las Londras en 2021. Foto: ANF
Asimismo, rechazó que se pretenda presentar el problema como un conflicto social. “Esto no es un problema social, es un problema de intereses de gente que alquila, gente que siembra sobre lo ajeno, gente que hace economía sobre lo ajeno”, denunció el representante de los productores del agro, quien recordó también que el país atraviesa una crisis económica y que necesita la reactivación de ese y otros sectores, “pero con reglas claras, con leyes que se cumplan y de esa manera van a volver las inversiones a todo el sector agroproductivo a nivel nacional”.
El presidente de la CAO sostuvo que el sector productivo está dispuesto a colaborar con información técnica sobre los predios avasallados, pero recalcó que el proceso debe ser sostenido en el tiempo. “Esto tiene que continuar. Tenemos que desalojar todas las tierras que están tomadas por un tráfico de tierras”, enfatizó. Por último, pidió que el Gobierno cumpla su compromiso de erradicar la ilegalidad y devolver la tranquilidad a los productores, porque sin seguridad jurídica ‘no es posible hablar de desarrollo ni de soberanía alimentaria’.