La convocatoria se da un día después de que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados decidió suspender el tratamiento del proyecto de ley antibloqueos hasta la primera semana de febrero, con el fin de realizar un proceso de socialización ante el rechazo expresado.
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó este jueves a un ampliado nacional para el miércoles 28 de enero en la ciudad de Sucre, Chuquisaca. La misma se da luego que la Asamblea Legislativa Plurinacional analizó el proyecto de «ley antibloqueos», una de las iniciativas que actualmente genera rechazo entre organizaciones sociales y sindicales del país. No obstante, el tratamiento del mismo fue postergado hasta la primera semana de febrero próximo.
De acuerdo con la convocatoria oficial, el encuentro se realizará desde las 08:00 en el auditorio de la Villa Bolivariana y reunirá a confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y regionales, con el objetivo de analizar la coyuntura política y social, además de recibir el informe del Comité Ejecutivo Nacional de la COB.
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La convocatoria se da un día después de que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados decidió suspender el tratamiento del proyecto de ley antibloqueos hasta la primera semana de febrero, con el fin de realizar un proceso de socialización ante el rechazo expresado por diversos sectores sociales. El presidente de la comisión, diputado Omar Muriel, informó que se realizarán audiencias públicas para que las organizaciones puedan exponer sus observaciones y demandas, y así construir una norma que recoja las posiciones de las bases.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se analizan al menos tres propuestas normativas relacionadas con esta temática. La más avanzada es el proyecto de “ley antibloqueos”, impulsado por el diputado Carlos Alarcón (Unidad), que tipifica como delito penal el corte intempestivo de rutas en áreas urbanas y rurales, así como el uso de violencia extrema mediante explosivos o armas de fuego, estableciendo penas que van desde tres años de cárcel hasta un máximo de 30 años de privación de libertad, de acuerdo con la Constitución Política del Estado.
En paralelo, en la Cámara Alta, la senadora Claudia Mallón (Súmate) presentó en noviembre de 2025 un proyecto para modificar el artículo 213 del Código Penal, con el objetivo de agravar las penas por atentados contra la seguridad de los medios de transporte y sancionar toda forma de bloqueo.
A ello se suma el anteproyecto de «ley de garantía de la libre circulación y la gestión democrática de la protesta», elaborado por el diputado Luis Laredo, que propone un enfoque distinto al buscar un equilibrio constitucional entre la protesta pacífica y la protección de la libre circulación, evitando medidas de presión extremas que afecten la productividad, la salud y los derechos de la población.