Así, mientras Jiménez aboga por una reforma legal de emergencia para prolongar la restricción de salida del país, Quispe confía en que se puede judicializar definitivamente a los exfuncionarios antes de que expire el plazo y evitar que se concreten los temores de una fuga que dejaría impunes los delitos de la anterior gestión.
Legisladores oficialistas encendieron las alarmas ante el inminente vencimiento del plazo de arraigo de tres meses que impide salir del país a las exautoridades del gobierno de Luis Arce y advirtieron sobre un alto riesgo de fuga masiva que frustraría las investigaciones judiciales en su contra. El senador Víctor Quispe (PDC) y la diputada Julieta Jiménez (Alianza Unidad) coincidieron en la urgencia de tomar medidas para evitar que los exfuncionarios “huyan” de la justicia y propusieron desde la aceleración de las denuncias hasta la ampliación de la medida cautelar.
«Tiene que haber ya inmediatamente un proyecto de ley o algún tema para poner arraigo a todos los ministros que estaban involucrados en la corrupción (del Gobierno de Arce). Hay que ampliar el arraigo porque no pueden ir a salir y a disfrutar los dineros que nos han robado a todos los bolivianos», enfatizó la legisladora que vinculó la «pobreza absoluta» en la que sumieron al país con los viajes al exterior de las exautoridades.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Por su parte, el senador Víctor Quispe reconoció los avances en las detenciones, pero urgió a la Fiscalía y al Órgano Ejecutivo a acelerar el paso. «Es bueno recomendar tal vez al Órgano Ejecutivo de apresurar un poco más y tener a toda la gente que haya causado mal a nuestro país pues tiene que estar cautelada para que no pueda dejar nuestro país”, sostuvo Quispe.
Frente al dilema de ampliar el arraigo o acelerar las acusaciones formales, Quispe se inclinó por la segunda opción, dada la limitación legal actual y explicó que, si bien la ley actual no permite extender el arraigo más allá de los tres meses, sí es posible «apresurar todos los procesos que se tienen en contra de estas autoridades y no descuidarlas».
Así, mientras Jiménez aboga por una reforma legal de emergencia para prolongar la restricción de salida del país, Quispe confía en que se puede judicializar definitivamente a los exfuncionarios antes de que expire el plazo y evitar que se concreten los temores de una fuga que dejaría impunes los delitos de la anterior gestión.