Remarcó que el sector rechaza de manera contundente cualquier intento de criminalizar las formas de reclamo de los trabajadores y del pueblo, y advirtió que la molestia e incomodidad social por la forma en que se gobierna, puede derivar en medidas de presión impulsadas desde las bases.
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El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Andrés Paye, afirmó este miércoles que su sector se declaró en estado de emergencia y advirtió que el pueblo boliviano se «autoconvocará» en movilizaciones en rechazo al proyecto de ley antibloqueos que se analiza en la Asamblea Legislativa Plurinaciconal (ALP), al considerar que la norma busca criminalizar la protesta social y acallar al pueblo.
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«Como Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia estamos convencidos de que penalizar las movilizaciones y las formas de reclamo de los trabajadores y del pueblo no es la solución. Al contrario, desde acá les decimos a esos parlamentarios y a esos funcionarios públicos que están queriendo penalizar y quieren ir en contra de la defensa que hacen los trabajadores y el pueblo en general, por lo tanto, no lo vamos a permitir. El pueblo en general ya se está autoconvocando, a partir de la molestia y la incomodidad por la forma en la que se está gobernando y por los resultados», sostuvo Paye, en conferencia de prensa.
En su criterio, penalizar las movilizaciones y los bloqueos no es la solución a los conflictos sociales, y sostuvo que el camino correcto es el diálogo, en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado (CPE).
Remarcó que el sector rechaza de manera contundente cualquier intento de criminalizar las formas de reclamo de los trabajadores y del pueblo, y advirtió que la molestia e incomodidad social por la forma en que se gobierna, puede derivar en medidas de presión impulsadas desde las bases.
La posición se da luego que en pasados días se informó que en la ALP, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, se analizan al menos tres propuestas normativas cuyo denominador común es tipificar los bloqueos de caminos como un delito penal, sancionando no solo a quienes participen en estas medidas, sino también a quienes las financien o promuevan.
Entre estas iniciativas se encuentra el proyecto denominado «ley antibloqueos», que plantea sancionar el corte intempestivo de rutas en áreas urbanas o rurales, así como el uso de violencia extrema mediante explosivos, como la dinamita, o armas de fuego. Las penas previstas van desde tres años de privación de libertad hasta una pena acumulativa de 30 años de cárcel, el máximo castigo contemplado por la Constitución Política del Estado.