El proceso apunta, además, a conseguir un resarcimiento a favor de Petrobras por impedir su labor en 2024.
Por eju.tv / La Paz / Video: Radio Fides
Al menos 83 elementos probatorios, 65 documentales y 18 testificales, reunió el Ministerio Público para llevar a juicio a 12 comunarios que impidieron el ingreso de Petrobras a la reserva de Tariquía en 2024.
El miembro del Comité de Defensa de Tariquía, el abogado Marco Antonio Cardozo, advirtió “aspectos muy oscuros” en todo el proceso.
“Son 65 elementos probatorios que el Ministerio Público ha producido en contra de 12 campesinos que lo único que han hecho es defender el derecho al medio ambiente sano, al futuro, a que no sea dañada la reserva de Tariquía”, reprochó el jurista en una entrevista con Radio Fides.
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Pero, además, en el documento de acusación formal, el Ministerio Público anticipa la declaración de 18 testigos.
El hecho se remonta a 2024 cuando los comunarios impidieron, sin éxito, el ingreso de funcionarios de Petrobras a la zona para realizar los estudios en el marco del Proyecto Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X-3, Bloque Exploratorio San Telmo Norte, ubicado en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, área vinculada a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
El miembro del Comité de Defensa de Tariquía, el abogado Marco Antonio Cardozo.
Cardozo recordó que hubo una persona ajena a la zona que autorizó el ingreso de funcionarios de Petrobras y así lo reconoció el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Pese a esa irregularidad, Petrobras entró a la zona y tramitó la licencia ambiental.
En su acusación, el Ministerio Público no solo pide la sentencia de los 12 comunarios, sino que paguen “las costas procesales al Estado” y el “resarcimiento al daño civil causado” a la petrolera.
“El resarcimiento deberá ser causado por los daños y perjuicios que se definirán o fijarán en ejecución de sentencia. ¿Cuánto cree usted que son supuestamente los daños civiles por día en contra de una petrolera? ¿Cuánto es lo que se espera de más de una sentencia en contra de estos campesinos? ¿Sacarles, quitarles sus tierras, sus animales? ¿Contra qué van a atacar ellos en la parte civil?”, reprochó el abogado.
Como sucedió en 2024, el lunes 5 de enero, funcionarios de la empresa, con apoyo de la policía, ingresaron a la zona con el objetivo de dar inicio a una primera etapa de operaciones referida a la ejecución de las obras de camino de acceso y planchada que llevarán a la perforación del pozo.
Sin embargo, el 16 de enero, el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos admitió la solicitud de medidas cautelares ambientales presentada por la Defensoría del Pueblo y dispuso la suspensión temporal de los actos de ejecución del Pozo Domo Oso X-3 por el periodo de 30 días.
Cardozo se declaró aliviado por la decisión judicial y explicó que el dictamen está apuntando a dos aspectos: el primero, sobre los documentos que hacen a la obtención de la licencia ambiental; y el segundo sobre si realmente se debe llevar o no adelante una nueva consulta pública.
“Esos son los dos aspectos que ha presentado el defensor del pueblo y que la juez agroambiental de Entre Ríos ha concedido y ha señalado dos fechas de audiencia muy pronto para poder realmente encontrar si se debe o no dar lugar a esta petición de manera ya definitiva”, apuntó el jurista.