El caso de las 32 maletas, vinculado a una exdiputada y a un juez de Santa Cruz, ha puesto a prueba la independencia de los poderes del Estado, la responsabilidad de instituciones de control y la exigencia pública de respuestas claras.
El caso está en plena investigación a cargo del Ministerio Público. Foto: DTV
El escándalo conocido como el caso ‘narcomaletas’ ha generado un debate profundo sobre la competencia de los poderes del Estado en Bolivia para investigar y sancionar posibles delitos que involucran a figuras públicas y al propio sistema judicial. El caso tomó relevancia nacional luego del hallazgo de 32 maletas que ingresaron al país desde Estados Unidos y que estarían relacionadas con sustancias controladas, además del presunto uso de un pasaporte diplomático para evadir controles aeroportuarios.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha impulsado una investigación penal que ya derivó en aprehensiones vinculadas al caso, en principio de un juez anticorrupción que quedó con detención preventiva y de la exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas, quien fue aprehendida tras prestar declaración informativa. Estas acciones muestran la facultad del Ministerio Público y del Órgano Judicial para actuar de manera independiente en procesos penales, sin dirección ejecutiva, tal como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE) en cuanto a la separación de poderes.
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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó en pasados días que el Órgano Judicial actuará con ‘absoluta imparcialidad’ y sin presiones internas o externas, de esa manera subrayó que las causas contra el juez y la exlegisladora son procesos independientes. Esta posición busca reforzar la confianza en que la justicia funcionará conforme a la ley, sin interferencias políticas. El Gobierno a través del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas emitió también un comunicado en esa línea.
“En estricto respeto a la exigencia de la separación de poderes, el Órgano Ejecutivo no dirige ni conduce investigaciones penales, no juzga ni interfiere en procesos judiciales, garantizando el debido proceso”, señala parte del manifiesto de esa cartera de Estado; además, hace hincapié en que “los hechos vinculados al denominado ‘caso Maletas’ se encuentran bajo investigación de las instancias competentes del sistema de justicia, conforme a la normativa vigente y con actuaciones coordinadas entre las instituciones del Estado”.
Desde el Legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha solicitado informes a diferentes instituciones, incluida Cancillería, aeropuertos y Migración, para entender el marco institucional y operativo que permitió el ingreso irregular del equipaje sin revisión adecuada. La diputada Claudia Bilbao y el senador José Manuel Ormachea hicieron énfasis en la necesidad de que el Ministerio de Gobierno y otras instancias brinden explicaciones y profundicen en los procedimientos que fallaron.
La exdiputada Laura Rojas y el juez Hebert Zeballos. Foto: Los Tiempos
Al mismo tiempo, el diputado Alejandro Reyes ha exigido un fortalecimiento de los controles en aeropuertos y fronteras para evitar que incidentes como este se repitan, e insistió en que el caso no solo es un episodio aislado, sino una señal de alerta sobre brechas en la supervisión estatal. Estas demandas de fiscalización responden a una percepción de vacíos institucionales que pueden ser aprovechados por redes delictivas.
En el plano político, figuras como el expresidente Evo Morales han reaparecido en redes sociales pidiendo una investigación ‘imparcial’ y que se establezcan responsabilidades políticas si se confirma la implicación de autoridades judiciales, gubernamentales o policiales con redes del narcotráfico, ‘lo que hace imprescindible una investigación independiente, imparcial y responsable’.
Este tipo de llamados refuerza la tensión entre la necesidad de independencia judicial y las expectativas ciudadanas de consecuencias más allá del ámbito penal, hacia el político y administrativo. El caso ‘narcomaletas’ plantea la urgencia de debates sobre transparencia institucional, mecanismos de rendición de cuentas y controles internos. Las autoridades aseguran que actuarán dentro del marco legal y sin interferencias como primer paso para esclarecer los hechos.
“Se realiza seguimiento institucional a las actuaciones de la Justicia, con la expectativa del pleno esclarecimiento de los hechos, en el marco de la ley y con la certeza de que esta se aplique sin privilegios ni excepciones”, añade el comunicadas del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas; para luego ratificar que “las actuaciones y determinaciones vinculadas a este caso serán comunicadas por las autoridades judiciales y fiscales, a través de los canales institucionales correspondientes”.