El ministro frente a las preguntas de la prensa aclaró sobre por qué se informó tarde a la población sobre este tema y justificó la reserva inicial y describió la naturaleza de la investigación.
Del silencio administrativo al escándalo judicial. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló hoy (28) que el Gobierno recibió la primera información sobre el caso de ‘narcomaletas’ en la primera semana de diciembre y explicó que la investigación, que ya tiene al juez Hebert Zeballos y a la exdiputada Laura Rojas aprehendidos, es un proceso que «se va acumulando» con el tiempo.
«Efectivamente, el Gobierno, el Ministerio de Gobierno concretamente, recibió esta información la primera semana del mes de diciembre. Este hecho, como todos ustedes saben, son procesos investigativos que se van acumulando», declaró Oviedo frente a las preguntas de la prensa sobre por qué se informó tarde a la población sobre este tema, a lo que el ministro justificó la reserva inicial y describió la naturaleza de la investigación.
Oviedo detalló que el caso fue adquirió muchas aristas a medida que avanzaba la investigación, por lo que se descubrió a nuevos involucrados, semanas después de iniciado el proceso. «Hace semanas atrás no sabíamos que había estado involucrada una exdiputada. Hace menos tiempo no sabíamos que había un juez. Es decir, una investigación es una sucesión de hechos que la Policía va acumulando en el transcurso del tiempo», argumentó y así defendió la «reserva del caso por responsabilidad» para no entorpecer los avances.
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Al inicio de la conferencia, el ministro leyó un comunicado oficial de respaldo del Gobierno a las declaraciones del presidente Rodrigo Paz y reafirmó que el caso «debe esclarecerse con pruebas y en el marco de la ley». El documento confirmó que, «como resultado de las actuaciones en curso», existen personas aprehendidas entre las que se incluyen un juez, una exdiputada y funcionarios de la Aduana bajo investigación.
Sobre la consulta del rol de Migración en el caso, Oviedo confirmó un dato de la investigación. La exdiputada involucrada utilizó un pasaporte corriente en una instancia y un pasaporte diplomático «al momento de pasar las maletas». Aseguró que la oficina de Migración de Santa Cruz ya fue investigada y que reportó estos detalles con fotografías y documentación.
El comunicado gubernamental enfatizó que, desde el primer momento, se mantuvo una «reserva institucional responsable» para no interferir en las investigaciones preliminares, por lo que se respetó la independencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial. El Gobierno se limitó a un «seguimiento institucional», en el que instruyó a la Policía, Inteligencia y la FELCN para que coadyuven bajo la dirección funcional de la Fiscalía.
Por último, Oviedo transmitió el mensaje de que la principal inquietud sobre el contenido de las maletas será establecida por la Justicia y que el Gobierno reafirma que «no se encubrirá ni se protegerá a ninguna persona», además prometió que toda responsabilidad será determinada y sancionada «sin privilegios ni excepciones».