Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
El presidente Paz posa con sus ministros y viceministros en la Casa Grande del Pueblo. Foto: Min. Presidencia
Presidente revisa agenda de trabajo en la primera Reunión de Coordinación del Estado. Senado impulsa ley para reactivar más de 17 mil procesos paralizados en el TCP. Fitch Ratings mejora a CCC la calificación de riesgo de Bolivia, Gobierno asegura que está en el camino correcto. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
– Presidente revisa agenda de trabajo en la primera Reunión de Coordinación del Estado
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En Casa Grande del Pueblo, el presidente Rodrigo Paz lideró este viernes la primera Reunión de Coordinación del Estado, con la participación de sus ministros y viceministros y el objetivo de revisar la agenda de trabajo tras dos meses de gestión. El Ministerio de la Presidencia informó que el “evento marca la agenda de trabajo coordinado del Estado, y el compromiso de todos los servidores públicos, que están comprometidos con Bolivia”. “¡Es en la unidad del Estado y la población, y en el trabajo duro que daremos mejores días a la patria!”, aseguró en una publicación. Desde el gobierno se subrayó que el encuentro estuvo “orientado a fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de todo el país”. El 17 de diciembre Paz anunció una de sus principales medidas económicas con la eliminación de la subvención a los hidrocarburos. Si bien el Decreto Supremo 5503 fue abrogado por exigencia de una prolongada protesta de la Central Obrera Boliviana (COB) la determinación fue ratificada en el Decreto Supremo 5516.
– Senado impulsa ley para reactivar más de 17 mil procesos paralizados en el TCP
La Asamblea Legislativa Plurinacional busca destrabar más de 17 mil causas constitucionales que permanecen paralizadas en el país debido a la falta de quórum en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La Comisión de Constitución del Senado aprobó un proyecto de ley excepcional y transitorio que permitirá al TCP funcionar con cuatro magistrados, mientras se completan los procesos electorales pendientes para designar a las autoridades faltantes. El presidente de la comisión, senador Daniel Ortiz, explicó que la norma fue aprobada tanto en grande como en detalle y tiene como objetivo garantizar la operatividad y legalidad del máximo órgano constitucional. “La finalidad es que los cuatro magistrados electos puedan funcionar plenamente. La presidenta del Tribunal podrá bajar a una de las salas para conformar el quórum necesario y así atender las más de 17 mil causas acumuladas”, señaló Ortiz. Actualmente, la falta de quórum mantiene miles de procesos constitucionales en suspenso.
– Paz cancela viaje a foro de Davos para atender los asuntos internos
El presidente Rodrigo Paz canceló su viaje y participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, porque decidió –según el Gobierno- priorizar la atención directa de los asuntos nacionales y la estabilidad del país. “Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno con la atención directa de los asuntos internos, la estabilidad del país y el seguimiento permanente de las necesidades de la población”, establece un comunicado de la Oficina del presidente Rodrigo Paz Pereira. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y el propio Paz habían puesto en duda, en pasados días, el viaje a Davos, en momentos de un debate sobre el decreto que le permitía gobernar desde el exterior, a través de herramientas digitales. La medida evitaba que el vicepresidente Edmand Lara, opositor declarado del Gobierno, asuma la presidencia interina ante la ausencia del presidente Paz, como establece la Constitución Política del Estado. El 13 de enero, Espinoza confirmó su presencia en el Foro Económico Mundial, junto al canciller Fernando Aramayo.
Legisladores oficialistas encendieron las alarmas ante el inminente vencimiento del plazo de arraigo de tres meses que impide salir del país a las exautoridades del gobierno de Luis Arce y advirtieron sobre un alto riesgo de fuga masiva que frustraría las investigaciones judiciales en su contra. El senador Víctor Quispe (PDC) y la diputada Julieta Jiménez (Alianza Unidad) coincidieron en la urgencia de tomar medidas para evitar que los exfuncionarios “huyan” de la justicia y propusieron desde la aceleración de las denuncias hasta la ampliación de la medida cautelar. «Tiene que haber ya inmediatamente un proyecto de ley o algún tema para poner arraigo a todos los ministros que estaban involucrados en la corrupción (del Gobierno de Arce). Hay que ampliar el arraigo porque no pueden ir a salir y a disfrutar los dineros que nos han robado a todos los bolivianos», enfatizó la legisladora que vinculó la «pobreza absoluta» en la que sumieron al país con los viajes al exterior de las exautoridades.
– Ley contra bloqueos alcanzará a cívicos y otros grupos, COB justifica su derecho a la extrema medida
No solo los bloqueos de organizaciones sociales, sino también de cívicos, serán sancionados cuando entre en vigencia la ley contra los bloqueos, aseguró la proyectista de una de las normas, la senadora Claudia Mallón. Mientras el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, defendió el derecho al bloqueo y aseguró que estas medidas extremas son responsabilidades de las autoridades que no atienden las demandas sectoriales en su oportunidad. En el Legislativo se analizan al menos cuatro proyectos de ley que plantean penalizar el bloqueo, como medida de protesta. Una de las iniciativas la presentó la senadora Mallón y propone una pena de hasta 10 años contra los responsables de esta extrema medida. “La ley es para todos y de cumplimiento obligatorio, sin privilegios. No estamos hablando solo de organizaciones sociales, sino de entes cívicos que, si llegan al extremo radical de bloquear las calles serán sancionados con 8 a 10 años de cárcel”, adelantó.
Los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) expresó este viernes su rechazo al proyecto de ley antibloqueos, señalando que la prohibición del uso de material explosivo en movilizaciones sociales, como la dinamita, constituye una «provocación» directa al sector minero cooperativista y un intento de criminalizar la protesta social, derecho reconocido por la Constitución Política del Estado. El presidente del sector, Jusue Caricari, sostuvo que calificar al material explosivo como un arma en el contexto de las protestas desconoce la realidad y la historia del país, recordando que los mineros han utilizado estos instrumentos como parte de sus mecanismos de defensa en épocas de dictadura y en procesos de reivindicación social. «Repudiamos y rechazamos estos proyectos que están atentando, por un lado, contra la soberanía del país y, por otro, contra la voz del pueblo», enfatizó.
Fitch Ratings mejoró de CCC- a CCC la calificación de riesgo de Bolivia como resultado de las acciones del gobierno del presidente Rodrigo Paz, entre ellas los compromisos de crédito de organismos internacionales y la eliminación de la subvención a los hidrocarburos. Según la calificadora, la calificación refleja “la disminución de los riesgos de incumplimiento o reestructuración debido a la reducción de restricciones políticas al financiamiento externo, los compromisos de financiamiento de organismos multilaterales y la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que debería impulsar la reducción del déficit fiscal y la acumulación de reservas”. Aunque, advierte que “los riesgos siguen siendo altos dados los aún muy estrechos colchones de liquidez externa”. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que la mejora en la calificación no solo es resultado de haber frenado la falta de combustible, la inestabilidad en los precios y la inestabilidad en el dólar, sino también de las decisiones que dan certezas en la economía.
– Tariquía: Juzgado dispone pausa temporal del proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3
El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos admitió la solicitud de medidas cautelares ambientales presentada por la Defensoría del Pueblo y dispuso la suspensión temporal de los actos de ejecución material del Proyecto Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X-3, Bloque Exploratorio San Telmo Norte, ubicado en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, área vinculada a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. A través de sus redes sociales, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que entre las principales determinaciones adoptadas por la instancia judicial se encuentra la realización de una audiencia de inspección técnica prevista para el 9 de febrero de 2026, así como la convocatoria a una audiencia pública el 13 de febrero de 2026, espacios que permitirán evaluar de manera integral los aspectos ambientales, técnicos y procedimentales del proyecto antes de asumir una decisión final. Petrobras tiene un Contrato de Servicios Petroleros firmado con YPFB, aprobado por ley.
El anuncio gubernamental del arancel cero para las importaciones no se traducirá en una reducción significativa de los precios para el consumidor final, advirtió el importador Yony Keung. El empresario explicó que, aunque se elimine este tributo, la carga del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros costos asociados al proceso de importación continúan vigentes y mantienen alta la presión sobre los precios de productos. «Si bien lo que dice el Gobierno hay arancel cero, pero eso no. Hay otro impuesto también que sí o sí nosotros tenemos que pagar». La declaración destaca que la supresión de un solo componente fiscal no es suficiente para abaratar los productos, ya que la estructura impositiva mantiene otros gravámenes. Según la normativa vigente, el IVA a la importación en Bolivia es del 14.94%, un porcentaje que se calcula sobre el valor total de la mercancía más todos los gastos de importación (CIF + GAC + otros). Este impuesto es solo uno de los varios costos fijos que enfrentan los importadores.
La defensa del exministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, Jerjes Justiniano, calificó este viernes como un «show político» la aprehensión en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la gestión de harina subvencionada de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), y aseguró que el delito investigado no amerita detención preventiva. “El delito de omisión de denuncia no amerita detención preventiva. Entonces, aquí lo que se quiere es hacer un show político, ¿por qué?, porque el delito de incumplimiento de deberes, que es el que se le está atribuyendo, se configura cuando una persona, estando en el cargo, omite un acto propio de su función y, producto de esa omisión, se produce un daño», afirmó el jurista. Argumentó que, aun en el escenario hipotético de que se pretendiera vincular a la exautoridad con alguna responsabilidad, la figura penal que correspondería sería la de omisión de denuncia, la cual no contempla la medida extrema de detención preventiva.