El respaldo se fundamentó en la defensa de derechos básicos. «Debería aprobarse, estoy de acuerdo porque todos tenemos derecho al trabajo, a la libre transitabilidad y no estoy de acuerdo que bloqueen», afirmó un transeúnte mientras otro añadió: «Sí debería aprobarse porque perjudica más que todo al país y no deja que las demás personas puedan estar en total normalidad con su trabajo».
Del derecho al trabajo al derecho a bloquear. Un sondeo ciudadano realizado en la ciudad de La Paz reveló un amplio respaldo de la población al proyecto de ley que busca regular y penalizar los bloqueos de carreteras, con el objetivo declarado de proteger la economía nacional y garantizar el derecho al trabajo y la libre circulación. Los vecinos consultados expresaron su apoyo a la iniciativa, aunque pidieron que se realice un análisis profundo para equilibrar la norma con el derecho constitucional a la protesta.
«No puede ser que algunas personas, alegando de que son los dueños del país, perjudiquen a todo el resto del mundo, a todo el país entero», manifestó un transeúnte que resumió la percepción de que un sector minoritario somete al resto de la población a sus demandas mediante la presión en las vías.
Los argumentos de los ciudadanos reflejaron un cansancio generalizado hacia las paralizaciones que, según ellos, perjudican a la mayoría de la población y los trabajadores.
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Los testimonios recogidos destacaron las consecuencias humanitarias y económicas inmediatas de los cortes. Otro vecino explicó que «lógicamente, debería aprobar porque el bloqueo de carretera es un gran prejuicio. Uno, que cuando transitan la carretera, pues nos encuentran enfermos, hay personas con niños, hay personas de tercera edad, es un problema». Otro ciudadano calificó la práctica directamente como «un atentado» hacia la ponlación.
El respaldo se fundamentó en la defensa de derechos básicos. «Debería aprobarse, estoy de acuerdo porque todos tenemos derecho al trabajo, a la libre transitabilidad y no estoy de acuerdo que bloqueen», afirmó un transeúnte mientras otro añadió: «Sí debería aprobarse porque perjudica más que todo al país y no deja que las demás personas puedan estar en total normalidad con su trabajo».
Sin embargo, el apoyo al proyecto de ley antibloqueos tiene sus condicionamientos. Los ciudadanos también pidieron prudencia legislativa y sugirieron que la norma sea sometida a un «análisis más profundo» antes de su aprobación. Coincidieron en que su aplicación debe buscar un equilibrio delicado.
«La ley debe equilibrar el derecho a la protesta, como la protección de la economía y las actividades cotidianas», señaló otro vecino sobre la necesidad de no vulnerar las garantías constitucionales de manifestación.
El contexto legislativo explica la urgencia del debate. Bolivia es el único país de la región donde bloquear una vía no está tipificado como delito penal. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se analizan al menos tres propuestas para cambiar esta situación, siendo la más avanzada el proyecto del diputado Carlos Alarcón (Alianza Unidad), que tipifica los bloqueos de carreteras, otras rutas y el uso de explosivos como delitos con penas que van desde los tres hasta treinta años de cárcel.
Esta iniciativa, que ya cuenta con el respaldo del presidente Rodrigo Paz, quien ha prometido cárcel para quienes usen dinamita en protestas, se encuentra en la Comisión de Justicia Plural de Diputados. El amplio apoyo popular reflejado en el sondeo podría impulsar su tratamiento y eventual aprobación, lo que marcaría un punto de inflexión en la regulación de las medidas de presión social en el país.