Presidenta del TCP denuncia que magistrados prorrogados gastaron Bs 400 mil en viajes y viáticos y solo resolvieron el 40% de causas


Explicó que, durante la gestión 2025, se sortearon aproximadamente 6.000 causas entre ocho magistrados. Sin embargo, mientras los magistrados electos lograron casi el 100% de tramitación y resolución de los procesos asignados, los prorrogados dejaron gran parte de su carga sin atender.

 

eju.tv / Video: Erbol



La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, realizó este viernes una evaluación de la gestión de los magistrados prorrogados cesados a fines de noviembre pasado, y reveló que solo resolvieron el 40% de las causas que les fueron asignadas, dejando una alta carga procesal que actualmente debe ser atendida por las nuevas autoridades del Tribunal. Asimismo, mencionó que las cinco exautoridades cesadas gastaron más de Bs 400 mil en pasajes y viáticos para viajes a distintos departamentos del país.

«Es un mes y medio de trabajo real y efectivo ya como Sala Plena y asumiendo la presidencia de este alto Tribunal de Justicia Constitucional. Lo primero que hemos hecho es un relevamiento de información, solicitar a las unidades, direcciones y dependencias de este Tribunal Constitucional que nos proporcionen la información necesaria. Eso ya lo hicimos a inicios de gestión, pero encontrábamos siempre las puertas cerradas. Recién a finales de noviembre hemos podido contar con información clara y certera sobre el estado situacional del Tribunal Constitucional Plurinacional», informó la autoridad judicial en contacto con el medio radial.

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Detalló que se evidenció que los magistrados prorrogados dejaron más de 17.000 causas pendientes de resolución, a las que se suman cerca de 2.000 procesos adicionales que no fueron atendidos pese a haber sido sorteados. “Resulta inadmisible que autoridades de este nivel hayan trabajado apenas al 40%, mientras miles de ciudadanos esperan respuestas de la justicia constitucional”, afirmó.

La presidenta del TCP explicó que, durante la gestión 2025, se sortearon aproximadamente 6.000 causas entre ocho magistrados. Sin embargo, mientras los magistrados electos lograron casi el 100% de tramitación y resolución de los procesos asignados, los prorrogados dejaron gran parte de su carga sin atender, profundizando la mora procesal.

En su evaluación, Prudencio también denunció gastos que calificó como ofensivos para la población boliviana, al revelar que los magistrados prorrogados destinaron más de Bs 400 mil en pasajes y viáticos para la realización de viajes a distintos departamentos del país. Estos desplazamientos, según explicó, correspondieron a un denominado «tour judicial» por universidades, en actividades que no eran de competencia del Tribunal Constitucional.

«En los reportes económicos que hemos solicitado y tras realizar un análisis integral, hay una partida llamativa de gastos personales, destinada a pasajes y viáticos. Las seis autoridades ya cesadas realizaron un denominado tour judicial a nivel nacional, visitando universidades con la supuesta intención de generar propuestas de reforma a la Constitución Política del Estado. Entiendo que lo hacían de manera personal, quizá para modificar artículos que les permitieran perpetuarse en el poder por más tiempo. El Tribunal Constitucional es el máximo guardián de la Constitución y no tiene atribuciones para promover reformas constitucionales. Sin embargo, se gastaron recursos públicos, más de 400 mil bolivianos en viajes y viáticos que no guardan relación con la función jurisdiccional”, remarcó Prudencio.

En ese sentido, aseguró que la nueva Sala Plena ha establecido una política estricta de austeridad, transparencia y reactivación jurisdiccional, orientada a reducir la mora procesal y garantizar una administración de justicia constitucional eficiente y responsable.

Las declaraciones de la presidenta del TCP se producen luego de que los cinco magistrados prorrogados fueron cesados de sus funciones el 25 de noviembre de 2025. Posteriormente, se presentaron denuncias en su contra, que derivaron en la emisión de órdenes de aprehensión, en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.