Mientras los manifestantes reclaman por el alza en el costo de vida, el Gobierno contrarresta y señala el excesivo estilo de vida de sus líderes, quienes al asumir la representación sindical son declarados en comisión, y reciben su salario sin acudir a su trabajo, y administran los aportes obligatorios de sus bases, un sistema que el Ejecutivo ahora busca desmontar bajo la bandera de la transparencia y la voluntariedad.
En medio de la creciente tensión por las protestas contra el Decreto Supremo 5503, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, exigió esta noche (6°) una rendición de cuentas obligatoria y auditorías sobre los denominados “sueldos jugosos” que perciben algunos dirigentes sindicales. La declaración apunta directamente a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) debido a su financiamiento y transparencia que han sido puestos en duda por el propio presidente Rodrigo Paz.
“Sin duda, yo añadiría un término que aglutina todo eso que es rendición de cuentas. Todos tenemos la obligación de hacernos cargo de todo lo que hacemos, de todos nuestros actos, y para eso hay que rendir cuentas. Mucho más, obviamente, la gente, los funcionarios públicos, los dirigentes, y todos los demás. Tenemos que agradecer y tener un proceso de rendición de cuentas”, enfatizó el ministro en una entrevista con Cadena A.
El debate fue provocado por el conductor Jorge Tejerina, quien contrastó el “rechazo aparente” al DS 5503, basado en su impacto en las familias, con lo “real” que sería la defensa de intereses sectoriales. Tejerina recordó la revelación del presidente Paz: 50 dirigentes cobran anualmente 18 millones de dólares, con sueldos mensuales que oscilan entre 24 y 35 mil bolivianos, cifras que calificó de “verdaderamente jugosas”.
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Ante este planteamiento, Lupo afirmó que el país está listo para un debate profundo sobre el modelo sindical. “Sí, es un debate que el país también está preparado yo creo para hacerlo. ¿Qué significan estos aportes? ¿Qué significa el término voluntario? ¿Qué significa todo esto y de qué manera va a evolucionar? Porque creo que el país está evolucionando en todos sus sentidos, incluyendo la cultura sindical en el país. Es un debate necesario”, sostuvo el ministro.
Esta ofensiva gubernamental comenzó dos días atrás, cuando el presidente Paz, durante la inauguración del Año Judicial, denunció que los 18 millones de dólares anuales que reciben 50 dirigentes son utilizados para financiar movilizaciones que “atacan la estabilidad, tranquilidad y democracia”. Paz anunció entonces su intención de cambiar la normativa para que los aportes sindicales, actualmente descontados por planilla de manera obligatoria, se conviertan en voluntarios y estén sujetos a rendición de cuentas.
La dirigencia de la COB, encabezada por Mario Argollo, marchó desde Calamarca hacia La Paz con el objetivo de exigir la anulación del DS 5503. Mientras los manifestantes reclaman por el alza en el costo de vida, el Gobierno contrarresta y señala el excesivo estilo de vida de sus líderes, quienes al asumir la representación sindical son declarados en comisión, y reciben su salario sin acudir a su trabajo, y administran los aportes obligatorios de sus bases, un sistema que el Ejecutivo ahora busca desmontar bajo la bandera de la transparencia y la voluntariedad.