La Acción Popular fue presentada por el abogado Wilmer Vásquez, quien sostuvo que varios artículos del decreto estarían al margen de la ley y vulnerarían la Constitución Política del Estado. Sin embargo, estos argumentos no fueron admitidos bajo la figura legal planteada.
eju.tv / Video: AJN
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz denegó este viernes por la tarde la tutela solicitada mediante una Acción Popular interpuesta contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, por aprobar el Decreto Supremo 5503, al establecer que este mecanismo legal no puede ser utilizado para ejercer control normativo de constitucionalidad. La demanda también fue interpuesta contra la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.
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La decisión fue asumida tras la audiencia instalada cerca de las 13:00, en la que se analizó el recurso que buscaba la abrogación del DS 5503, norma que elimina la subvención a los combustibles en el país, además de otras medidas económicas. El tribunal concluyó que la Acción Popular no es la vía idónea para impugnar decretos supremos por presuntas vulneraciones constitucionales.
“El control de constitucionalidad no puede ejercerse a través de una acción popular”, señala de manera expresa la resolución preliminar emitida por la Sala, que fue leída por la vocal Carla Arancibia de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
La vocal incluso dio no a lugar a la solicitud de complementación y enmienda presentada por el jurista, quien observó la resolución de la Sala Constitucional.
La Acción Popular fue presentada por el abogado Wilmer Vásquez, quien sostuvo que varios artículos del decreto estarían al margen de la ley y vulnerarían la Constitución Política del Estado. Sin embargo, estos argumentos no fueron admitidos bajo la figura legal planteada. La audiencia, que se desarrolló de forma virtual.
Vásquez remarcó que con el recurso se pide que se abrogue el decreto en su totalidad porque considera que con la norma se usurpa funciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
