A pesar de los varios obstáculos que enfrenta en cada gestión, el proyecto de manillas electrónicas se mantiene en la agenda política como una posible válvula de escape para un sistema carcelario al borde del colapso. Su materialización dependerá no solo de la voluntad política para aprobar una ley y asignar recursos, sino también de la capacidad para diseñar un modelo operativo y financiero sostenible que supere las desconfianzas y burocracias.
Bolivia y su parálisis tecnológica en la justicia penal. La implementación de manillas electrónicas en el sistema penitenciario del país, una herramienta prometedora para descongestionar cárceles, se encuentra en un punto muerto debido a dos obstáculos principales que son: la ausencia de una ley que la regule y la falta de presupuesto para financiar los dispositivos y su mantenimiento.
«Lo que siempre ha frenado ha sido el tema legal, primero que nada, pero principalmente el presupuesto porque una manilla electrónica no va a tener un precio que tenemos que determinar quién va a cubrir ese gasto, si va a ser el privado de libertad o va a ser el Estado», enfatizó hoy (29) el magistrado electo por Cochabamba, Germán Pardo, que señaló el dilema financiero irresuelto.
Desde Sucre, Pardo informó que el tema ha sido puesto nuevamente en discusión en la Sala Plena del Consejo de la Magistratura para reactivarlo. Asimismo, destacó que el proyecto de ley busca otorgar legalidad al uso de las manillas, las cuales tendrían una función prioritaria que es «descongestionar el sistema penal, descongestionar el hacinamiento carcelario y es a lo que apuntamos nosotros», explicó el magistrado.
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El camino legislativo de esta herramienta ha sido tortuoso. En marzo de 2024, senadoras de oposición responsabilizaron al Gobierno de Luis Arce por bloquear la norma al señalar que una ley de manillas electrónicas fue sancionada por la Cámara de Senadores, pero que su sesión fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que dejó el proceso en un vacío legal.
La urgencia de la medida se enmarca en una profunda crisis penitenciaria. Hasta diciembre del año pasado, Bolivia registraba más de 32.000 personas privadas de libertad de las cuales el 58.71% (18,807) eran detenidos preventivos sin sentencia firme. En La Paz, el hacinamiento superaba el 105% y las autoridades penitenciarias habían advertido incluso sobre la falta de recursos para la alimentación de la población reclusa.
Frente a la parálisis estatal, una campaña ciudadana impulsada por el Centro Multidisciplinario de Investigación y Capacitación (CMIC) propone un modelo concreto. La iniciativa plantea implementar manillas para 15.000 personas (10.000 preventivos y 5.000 sentenciados con buen comportamiento), con un control a cargo de instituciones civiles y un sistema de autofinanciamiento mediante un aporte mensual de 60 bolivianos por parte de los garantes.
Más allá de la ley y el dinero, Pardo identificó otro desafío clave que es la necesidad de una coordinación efectiva entre los distintos órganos del Estado. «Son cosas que se tienen que coordinar seguramente con los otros órganos de poder para poder de manera conjunta viabilizar las manillas electrónicas», señaló al reconocer que la implementación requiere de un esfuerzo conjunto del sistema de Justicia, el Ejecutivo y los Gobiernos departamentales.
A pesar de los varios obstáculos que enfrenta en cada gestión, el proyecto de manillas electrónicas se mantiene en la agenda política como una posible válvula de escape para un sistema carcelario al borde del colapso. Su materialización dependerá no solo de la voluntad política para aprobar una ley y asignar recursos, sino también de la capacidad para diseñar un modelo operativo y financiero sostenible que supere las desconfianzas y burocracias.