También dispuso la incorporación de Petrobras como sujeto procesal.
Por eju.tv / La Paz
El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos admitió la solicitud de medidas cautelares ambientales presentada por la Defensoría del Pueblo y dispuso la suspensión temporal de los actos de ejecución material del Proyecto Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X-3, Bloque Exploratorio San Telmo Norte, ubicado en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, área vinculada a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
A través de sus redes sociales, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que entre las principales determinaciones adoptadas por la instancia judicial se encuentra la realización de una audiencia de inspección técnica prevista para el 9 de febrero de 2026, así como la convocatoria a una audiencia pública el 13 de febrero de 2026, espacios que permitirán evaluar de manera integral los aspectos ambientales, técnicos y procedimentales del proyecto antes de asumir una decisión final.
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Petrobras tiene un Contrato de Servicios Petroleros firmado con YPFB, aprobado por ley, para la exploración y explotación del Área San Telmo Norte donde se encuentra el proyecto DMO-X3, que está localizado fuera de la reserva de Tariquía, según la compañía.
El lunes 5 de enero, funcionarios de la empresa, con apoyo de la policía, ingresaron a la zona con el objetivo de dar inicio a una primera etapa de operaciones referida a la ejecución de las obras de camino de acceso y planchada que llevarán a la perforación del pozo.
No obstante, todo será paralizado. De hecho, el Defensor del Pueblo informó que el Juzgado Agroambiental dispuso también la incorporación de Petrobras como sujeto procesal necesario, además de la notificación a las autoridades demandadas, partes y terceros interesados, garantizando el respeto al debido proceso y la participación de todos los actores involucrados.
De manera complementaria, se señaló que la autoridad judicial solicitó a la Defensoría del Pueblo proporcionar información sobre las defensoras y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, con el objetivo de que esta situación sea considerada para una eventual determinación de medidas cautelares específicas en su favor, refiere un reporte institucional.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la protección preventiva de los derechos humanos, el medio ambiente y el debido proceso, en el marco del Estado Constitucional de Derecho”, y que, “defender la vida, nunca será un delito”, afirmo Callisaya.