El revés judicial llega en un momento de baja popularidad para la gestión municipal de Fernández en Santa Cruz y de debilitamiento del proyecto político familiar. Para muchos analistas, este «portazo» del TCP representa el «principio del fin» de una hegemonía política de décadas, que forzará a la familia Fernández a replantear su estrategia desde cero, o buscando alianzas o creando una nueva organización.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó la acción de inconstitucionalidad que buscaba anular el artículo de la Ley de Organizaciones Políticas que cancela la personería jurídica de los partidos que no obtengan al menos el 3% de los votos, lo que confirma la pérdida de personalidad jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y cierra una vía crucial para las aspiraciones políticas del alcalde Jhonny Fernández.
En el Auto Constitucional 0002/2026-CA, emitido el 20 de enero de 2026, la Comisión de Admisión del TCP resolvió: «RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Sandra Paz Méndez, Diputada Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional».
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Esta decisión ratifica la aplicación del polémico Artículo 58.1 inc. b) de la Ley 1096, que establece como causal de cancelación el no haber alcanzado el umbral mínimo del 3% en las últimas elecciones. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Paz Méndez que argumentó que la norma vulneraba principios como la proporcionalidad, el pluralismo político y los derechos colectivos, al imponer una sanción «desproporcionada» que «puede limitar la diversidad de organizaciones y favorecer a la concentración en partidos grandes». Pese a estos argumentos el TCP consideró inadmisible la demanda.
Con este fallo, UCS pierde definitivamente su personería jurídica, lo que implica la imposibilidad de postular candidatos bajo esa sigla en futuros comicios, acceder a financiamiento público y ejercer como partido político con plenos derechos. La decisión deja al partido fundado por el fallecido líder Max Fernández, y ahora dirigido por su hijo Jhonny, en un limbo legal sin apelación posible ante el TCP.
El revés judicial llega en un momento de baja popularidad para la gestión municipal de Fernández en Santa Cruz y de debilitamiento del proyecto político familiar. Para muchos analistas, este «portazo» del TCP representa el «principio del fin» de una hegemonía política de décadas, que forzará a la familia Fernández a replantear su estrategia desde cero, o buscando alianzas o creando una nueva organización.
Cabe destacar que la decisión no fue unánime. El documento oficial registra que la magistrada Amalia Laura Vilica «no interviene (…) por no compartir la decisión asumida», lo que revela una fisura interna en el seno del Tribunal respecto a la constitucionalidad de la norma y su aplicación, un detalle que podría alimentar el debate jurídico y político en el futuro.
De esta manera, el futuro político de Fernández y de la estructura de UCS queda bajo una sombra de incertidumbre y marca posiblemente el fin de una era y el inicio de una nueva reconfiguración de fuerzas en Santa Cruz.