Si bien el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, no anticipó qué elementos del decreto se mantendrán en la futura ley, aseguró que la norma dará una mayor seguridad jurídica a la inversión.
Por eju.tv / La Paz / Video Bolivia Tv
A pesar de la abrogación del Decreto Supremo 5503, el Gobierno determinó mantener su política de acelerar la inversión privada, nacional y extranjera, en el país y con ese fin anunció que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para su tratamiento.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que la propuesta inicialmente incluida en el decreto fue cuestionada porque algunos sectores y que para superar esas observaciones será mejor una ley.
“Los artículos que fueron observados en primera instancia porque requerían interpretación de algunos, tener fuerza de ley, van a ser remitidos a la Asamblea en ese sentido porque son artículos que también son importantes para la economía boliviana y porque al Gobierno también le interesa que tenga una fuerza y un rango de ley para dar mayor seguridad jurídica a los inversionistas”, indicó en una conferencia de prensa donde anunció la publicación del Decreto Supremo 5516 que abroga el Decreto Supremo 5503.
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Promulgado el 17 de enero, el decreto 5503 declaró Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y con ello le dio al Gobierno la facultad de aprobar por decreto los futuros contratos de inversión en áreas estratégicas como minería e hidrocarburos, que por constitución deben ser avalados por la Asamblea Legislativa.
“Las inversiones estratégicas podrán formalizarse mediante Contrato de Inversión, suscrito entre el Estado y el inversionista, aprobado mediante Decreto Supremo”, refería el parágrafo primero del artículo 11 de la norma.
El hemiciclo de la Cámara de Diputados. Foto: VEPB
Se trataba de una de las varias medidas que integraban el creado Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones que tenía el fin de garantizar la seguridad jurídica, previsibilidad regulatoria económica y trato no discriminatorio para consolidar la reactivación económica del país.
Además de crear incentivos impositivos, el decreto establecía un Procedimiento de aprobación expedita (FAST TRACK) de los proyectos de inversión estratégica acogidos a este Régimen.
El procedimiento FAST TRACK comprende: tramitación prioritaria y concentrada de autorizaciones sectoriales; ventanilla única de evaluación y aprobación técnica; plazos perentorios y preclusivos para la administración pública; y aplicación del silencio administrativo positivo como regla general.
Esta política fue cuestionada por distintas instituciones y organizaciones de defensa del medioambiente.
Si bien Lupo no anticipó qué elementos del decreto se mantendrán en la futura ley, anticipó que la norma dará una mayor seguridad jurídica a la inversión.
“Se trata de tener la capacidad como país de dar seguridad jurídica para que las inversiones locales y extranjeras puedan entrar al país y que esto requiera la aprobación de la Asamblea es mucho mejor porque le da mucho más fuerza a esa seguridad jurídica”, dijo.