Sin embargo, la verdadera irregularidad surgió en el tercer avalúo, ya en la actualidad. «Lo hace una persona que no es idónea. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que no tiene conocimiento de realizar un avalúo de una aeronave, de un avión que vuela. Él podía hacer un avalúo de una motocicleta que era su especialidad, pero no de una aeronave que es totalmente distinto», denunció Suárez y agregó que el propio perito reconoció no tener experiencia en aeronaves.
eju.tv / Video: Gobernación del Beni
El perito que no sabía volar. La Gobernación del Beni presentó un amparo constitucional para frenar el pago de casi tres millones de bolivianos correspondientes a la indemnización de una avioneta entregada en calidad de depósito a la entonces Prefectura en 1991, durante la gestión de Hernán Velarde. La aeronave, involucrada en un caso de narcotráfico, fue siniestrada años atrás, pero un confuso proceso judicial terminó con un avalúo millonario realizado por un mecánico de motos, cuya falta de idoneidad fue advertida por la propia Gobernación sin éxito. Como agravante, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) congeló las cuentas departamentales para garantizar el pago, pese a no tener competencia legal para retener fondos fiscales.
«Nos acabamos de enterar de que han sido congelados casi tres millones de bolivianos en cuenta de la gobernación por un tema de una avioneta que fuera dada a la exprefectura del año 1991 en la gestión de don Hernán Velarde. Esa avioneta, a conocimiento y revisión del proceso, fue dada en depósito a la exprefectura del departamento. Esa avioneta estuvo volando, pero tenemos también conocimiento de que fue siniestrada, o sea, fue tumbada y los datos que nos dan a nosotros es por un tema de narcotráfico», explicó hoy (25) el secretario departamental de Justicia, Jorge Alberto Suárez, en conferencia de prensa.
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El proceso penal se siguió contra Víctor Rivera Urquiza, Quintín Pérez Antelo y Nilo Suárez Méndez, acusados de narcotráfico. La avioneta fue incautada y entregada en depósito a la Prefectura. Sin embargo, los acusados fueron absueltos y el propietario original, al no poder recuperar la aeronave por haber sido siniestrada, inició un reclamo por su valor económico. El meollo del asunto, según Suárez, es que «esa avioneta como fue siniestrada no existe y el dueño de la avioneta que fue absuelto en ese delito ya está solicitando la devolución de su avioneta o en caso que no exista se le puede pagar el monto que puede costar una avioneta que tiene más de 50 años».
El primer avalúo, realizado hace unos 30 años, tasó la aeronave en aproximadamente 90 mil dólares. Pero un vocal en apelación anuló ese procedimiento y ordenó uno nuevo, que arrojó un valor cercano a los 900 mil bolivianos (poco más de 100 mil dólares).
Sin embargo, la verdadera irregularidad surgió en el tercer avalúo, ya en la actualidad. «Lo hace una persona que no es idónea. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que no tiene conocimiento de realizar un avalúo de una aeronave, de un avión que vuela. Él podía hacer un avalúo de una motocicleta que era su especialidad, pero no de una aeronave que es totalmente distinto», denunció Suárez y agregó que el propio perito reconoció no tener experiencia en aeronaves.
A pesar de las objeciones de la Gobernación, el juez Guillermo Mancilla, del Juzgado Séptimo de Sentencia, validó el peritaje del mecánico. Suárez relató que «el perito fue honesto en su oportunidad y dijo que no tenía la experiencia necesaria para hacer avalúo de la aeronave, si había realizado avalúo de movilidades y motocicletas, que nada tiene que hacer con una aeronave que vuela». La Gobernación impugnó la decisión, pero el tribunal de apelación confirmó la resolución, lo que habilitó la presentación del amparo constitucional que ahora se encuentra en la Sala Constitucional Segunda, a la espera de audiencia.
Paralelamente, y pese a que la Gobernación había solicitado medidas precautorias para suspender cualquier pago, el juez ordenó la retención de casi 3 millones de bolivianos de las cuentas departamentales. La orden fue ejecutada por la ASFI, lo que Suárez calificó como una irregularidad adicional.
«La ASFI no tiene competencia para retener cuentas fiscales, lo tiene que hacer a través del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público», enfatizó la autoridad y señaló que este hecho agrava la «asfixia económica» que denuncia el gobernador Alejandro Unzueta.
«Si tomamos en consideración un precio de una aeronave de 2025, tengo conocimiento extraoficial de que vale alrededor de 600 mil dólares, o sea que una avioneta de 50 años no puede costar más de cuánto, póngale 500 mil bolivianos. Le quieren poner el muertito al gobernador de ahora, asfixiarlo económicamente y todo lo que han hecho anteriores gestiones se lo están largando al gobernador del Beni, Alejandro Unzueta», cuestionó Suárez sobre el monto exagerado del avalúo.
Finalmente, el secretario de Justicia ratificó la determinación de la Gobernación de agotar todas las instancias legales. «Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, estamos demostrando, lo tenemos todos los antecedentes, y lo vamos a pelear a muerte esta situación. Pedimos ya que los tribunales, que son los que administran justicia, hagan eso, administren la justicia y que den lo que le corresponde a cada uno. Si le tienen que cancelar o le tienen que devolver esa avioneta, pues que lo hagan, pero dentro del marco de lo legal, no presionando para que sea un monto exagerado», concluyó Suárez.
Mientras, el Beni espera que la justicia resuelva un caso que mezcla narcotráfico, peritajes dudosos y el riesgo de un golpe a las ya golpeadas finanzas departamentales.