El líder empresarial expresó su esperanza de que estas disposiciones contribuyan a superar la crisis económica y a generar un clima de mayor confianza y racionalidad en las relaciones entre el Estado y el sector productivo.
eju.tv / Video: Radio Fides
¿Fin del chantaje fiscal? El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), Ernesto Poppe, destacó hoy (20) que las recientes medidas tributarias implementadas por el Gobierno nacional representan un alivio para el sector formal y ponen fin a lo que calificó como «chantajes políticos» ejercidos a través de deudas impositivas. La Ley de Transparencia y Alivio Tributario, aprobada por el presidente Rodrigo Paz, reduce el plazo de prescripción de ocho a cuatro años y condona deudas hasta la gestión 2017, entre otras disposiciones que buscan ordenar el sistema fiscal y dar certeza a los contribuyentes.
«Saben que había que guardar documentos y papeles ocho años mínimamente y esto no prescribía. Esto era realmente duro para la gente que al final sufría el chantaje político. Esto nos ha estado pasando. La gente que en algún momento reclamaba por algo era chantajeada por el propio Gobierno de alguna manera revisando (sus finanzas)», enfatizó Poppe que reflejó el sentir de un sector que, según su testimonio, veía limitada su libertad de expresión por temor a represalias fiscales.
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La Ley de Transparencia y Alivio Tributario, anunciada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, introduce cambios estructurales en el sistema impositivo. Además de la reducción del plazo de prescripción, la norma incluye un régimen simplificado para pequeños emprendedores con un pago único del 5% sobre ventas, corrige distorsiones históricas como la sobreestimación del IVA, que elevaba la tasa efectiva al 14,94%, y establece reglas claras para la fiscalización. «Si el contribuyente tiene plazos, el Estado también debe tenerlos», señaló Espinoza al fundamentar la reforma, que apunta a generar seguridad jurídica real.
Poppe también se refirió a la realidad estructural de la formalidad en Bolivia y enfatizó el peso desproporcionado que recae sobre un pequeño grupo de contribuyentes. «Ustedes saben que el 15% de las empresas son formalmente establecidas, del 100%. O sea, el 15% es contribuyente y el otro 85% no contribuye», afirmó y destacó que las medidas adoptadas representan un respiro para ese reducido grupo que sostiene la carga fiscal del país y que, a su juicio, era el más expuesto a presiones políticas.
El líder empresarial expresó su esperanza de que estas disposiciones contribuyan a superar la crisis económica y a generar un clima de mayor confianza y racionalidad en las relaciones entre el Estado y el sector productivo.
«Creo que este tema, ojalá realmente pase, concluya y sea en definitiva algo mejor para todos. Creo que todo lo que va bien, y la posibilidad de salir adelante como país y salir de la crisis, pero además de eso ser más racionales e inteligentes, va a ser mejor», manifestó Poppe, confiado en que el camino emprendido por el Gobierno abrirá nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo y así consolidar un entorno de seguridad jurídica y equidad tributaria que incentive la formalización de miles de unidades productivas que aún operan en la informalidad.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), Ernesto Poppe, destacó hoy (20) que las recientes medidas tributarias implementadas por el Gobierno nacional representan un alivio para el sector formal y ponen fin a lo que calificó como «chantajes políticos» ejercidos a través de deudas impositivas. La Ley de Transparencia y Alivio Tributario, aprobada por el presidente Rodrigo Paz, reduce el plazo de prescripción de ocho a cuatro años y condona deudas hasta la gestión 2017, entre otras disposiciones que buscan ordenar el sistema fiscal y dar certeza a los contribuyentes.
«Saben que había que guardar documentos y papeles ocho años mínimamente y esto no prescribía. Esto era realmente duro para la gente que al final sufría el chantaje político. Esto nos ha estado pasando. La gente que en algún momento reclamaba por algo era chantajeada por el propio Gobierno de alguna manera revisando (sus finanzas)», enfatizó Poppe que reflejó el sentir de un sector que, según su testimonio, veía limitada su libertad de expresión por temor a represalias fiscales.
La Ley de Transparencia y Alivio Tributario, anunciada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, introduce cambios estructurales en el sistema impositivo. Además de la reducción del plazo de prescripción, la norma incluye un régimen simplificado para pequeños emprendedores con un pago único del 5% sobre ventas, corrige distorsiones históricas como la sobreestimación del IVA, que elevaba la tasa efectiva al 14,94%, y establece reglas claras para la fiscalización. «Si el contribuyente tiene plazos, el Estado también debe tenerlos», señaló Espinoza al fundamentar la reforma, que apunta a generar seguridad jurídica real.
Poppe también se refirió a la realidad estructural de la formalidad en Bolivia y enfatizó el peso desproporcionado que recae sobre un pequeño grupo de contribuyentes. «Ustedes saben que el 15% de las empresas son formalmente establecidas, del 100%. O sea, el 15% es contribuyente y el otro 85% no contribuye», afirmó y destacó que las medidas adoptadas representan un respiro para ese reducido grupo que sostiene la carga fiscal del país y que, a su juicio, era el más expuesto a presiones políticas.
El líder empresarial expresó su esperanza de que estas disposiciones contribuyan a superar la crisis económica y a generar un clima de mayor confianza y racionalidad en las relaciones entre el Estado y el sector productivo.
«Creo que este tema, ojalá realmente pase, concluya y sea en definitiva algo mejor para todos. Creo que todo lo que va bien, y la posibilidad de salir adelante como país y salir de la crisis, pero además de eso ser más racionales e inteligentes, va a ser mejor», manifestó Poppe, confiado en que el camino emprendido por el Gobierno abrirá nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo y así consolidar un entorno de seguridad jurídica y equidad tributaria que incentive la formalización de miles de unidades productivas que aún operan en la informalidad.