El nuevo mecanismo interinstitucional apunta a casos inconclusos de abuso sexual y pederastia en medio de miles de denuncias por delitos sexuales y violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Una protesta contra la impunidad por delitos sexuales. Foto: VIODyD
El Gobierno nacional, en coordinación con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a través de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, conformó la ‘Comisión contra la Impunidad en Delitos Sexuales’, con el mandato explícito de monitorear, fiscalizar y exigir resultados judiciales en investigaciones de abuso sexual, pederastia y otros delitos de violencia sexual que permanecen sin resolución o con retardación de justicia en Bolivia.
La información fue confirmada por la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, en una entrevista con la Agencia española EFE, en la que explicó que la comisión tendrá un rol activo en el seguimiento de procesos, principalmente aquellos en los cuales se detecta falta de avance o posibles encubrimientos en casos que atentan contra la integridad de niñas, adolescentes y mujeres.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Echeverría subrayó que la comisión actuará sin distinción de jerarquías sociales o institucionales. “No importa si es un expresidente, un sacerdote, un pastor, un profesor o un scout; la impunidad no puede volver a replicarse. Todas las personas que cometen delitos sexuales deben responder en igualdad de condiciones ante la ley”, afirmó la viceministra.
Según datos oficiales disponibles, Bolivia continúa enfrentando desafíos significativos en materia de delitos sexualizados. Entre enero y septiembre de 2025, el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas (OBSCD) registró 1.461 denuncias de abuso sexual a menores de 13 años o menos, las cifras acumuladas del mismo año muestran miles de casos de violencia de género y sexual denunciados ante las autoridades competentes del país.
De 6.818 denuncias presentadas, 5.782 vulneradas son niñas y adolescentes mujeres (85,46%). Los datos disgregados del boletín muestran que las menores de edad son las principales víctimas de todos los delitos presentados y mayormente de delitos contra la libertad sexual, como la violación a menores de 13 años (93,61%), violación a menores de edad de 14 a 17 años (98,92%), estupro (97,60%), abuso sexual (93,37%), acoso sexual (98,87%) y corrupción de menores (75,00%).
La acumulación de estas cifras, que solo representan las denuncias formales, demuestra que el problema no es menor ni aislado, sino una constante en la violencia sexual que afecta a los sectores más vulnerables de la población. Organizaciones de defensoría pública y derechos humanos también han señalado que muchos casos quedan ocultos o no son denunciados por miedo, estigma o falta de confianza en el sistema de administración de justicia.
Foto referencial OBSCD
La nueva comisión tendrá dos líneas de trabajo diferenciadas; por un lado, el seguimiento técnico y activo de cada caso con indicios de impunidad o dilación injustificada, a cargo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización; por otro, la fiscalización institucional y política, que será asumida por la ALP para garantizar que los procedimientos judiciales se realicen con celeridad y transparencia.
Entre los procesos que la viceministra mencionó como prioritarios están investigaciones que involucran a personas vinculadas a instituciones públicas y privadas, que incluye casos en los que se presume que los avances han sido lentos o que se han generado obstáculos injustificados para las víctimas. Algunas denuncias públicas recientes, por ejemplo, han señalado la existencia de órdenes de aprehensión pendientes de ejecución en casos de agresión sexual que se remontan a hechos ocurridos hace años y que todavía esperan respuestas claras del sistema judicial.
Echeverría también recordó que hay casos de relevancia pública que generaron indignación nacional, muchos de los cuales han permanecido sin resolución pese al paso del tiempo. La conformación de la comisión interinstitucional se presenta como una respuesta institucional que pretende revertir el patrón de impunidad crónica, fortalecer los mecanismos de investigación penal y asegurar que ninguna víctima quede sin justicia por falta de acción estatal.