En sus declaraciones, Quiroz también cuestionó la responsabilidad del actual presidente de YPFB, a quien acusó de permitir que los funcionarios señalados continuaran operando las plantas de distribución pese a las denuncias de corrupción e ineficiencia. El dirigente extendió la dimensión del problema más allá del transporte pesado y señaló que en el Norte Integrado del país existen más de 1.500 motocicletas con daños atribuidos al mismo combustible defectuoso.
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¿Fallos técnicos o negligencia administrativa? El asesor técnico de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre en Santa Cruz, René Quiroz, anunció que hoy (05) a las 15:00 presentará formalmente una demanda penal contra funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La acción legal abarca a exgerentes de operaciones desde la gestión 2020 hasta la actual y buscan responsabilidades individuales por los presuntos daños causados por el combustible de mala calidad, un conflicto que suma 150 vehículos del gremio afectados.
«Daño en los motores, destrucción de vehículos, perjuicio a la población civil, al sector público. Nosotros como transportistas tenemos 150 unidades dañadas en taller mecánico. Estamos haciendo la recolección de la documentación para hacer una demanda civil en contra de YPFB para el resarcimiento de daños», manifestó Quiroz y aclaró que el proceso penal apunta específicamente a personas, no solo a la empresa estatal.
El dirigente fue preciso en señalar a los presuntos responsables del período investigado y afirmó que la demanda penal alcanzará a los exgerentes generales de operaciones de YPFB Logística desde la gestión 2020 hasta la gestión 2026. La Federación sostiene que las alertas sobre la calidad del carburante se elevaron desde el año pasado, durante la campaña electoral, sin que se tomaran medidas correctivas.
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En sus declaraciones, Quiroz también cuestionó la responsabilidad del actual presidente de YPFB, a quien acusó de permitir que los funcionarios señalados continuaran operando las plantas de distribución pese a las denuncias de corrupción e ineficiencia. El dirigente extendió la dimensión del problema más allá del transporte pesado y señaló que en el Norte Integrado del país existen más de 1.500 motocicletas con daños atribuidos al mismo combustible defectuoso.
El dirigente cerró su intervención y defendió la legitimidad de la protesta y la demanda bajo el argumento que el gremio transportista no actúa por “capricho” sino como respuesta a un perjuicio económico extendido. Quiroz enfatizó que los daños son transversales y afectan tanto al sector público como al privado.