La modernización del delito quedó evidenciada en el método de pago porque el sargento utilizó su teléfono celular para mostrar un código QR y recibir la transferencia. Investigaciones preliminares confirmaron que el dinero fue depositado en una cuenta bancaria que no pertenece a los policías, sino a un civil cuya identidad ya fue establecida y que será citado a declarar. Tras confirmarse el pago, los detenidos fueron liberados en la mañana.
eju.tv / Video: Bolivia Tv
La Justicia determinó hoy (05) la detención preventiva por cuatro meses para dos sargentos de la Policía acusados de extorsionar a ciudadanos mediante cobros irregulares a través de códigos QR. Este caso marca un salto en los métodos ilícitos de agentes corruptos que pasaron del soborno en efectivo a la digitalización de la coima. El fiscal Johan Muñoz, encargado de la investigación, confirmó la medida y adelantó que las pesquisas continúan activas para esclarecer la red detrás del hecho.
«Estamos hablando de una medida cautelar para asegurar evidentemente las investigaciones y que no obstaculicen la misma. Por eso el juez ha determinado para ambos cuatro meses de detención preventiva», dijo el fiscal Muñoz que explicó la finalidad de la detención cautelar que busca garantizar el curso de la investigación y evitar posibles obstrucciones por parte de los implicados.
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Los hechos ocurrieron la madrugada del 31 de enero, cuando los dos uniformados interceptaron a seis personas que salían de una discoteca en La Paz. Bajo el pretexto de una presunta infracción por consumo de alcohol fuera de horario, trasladaron a las víctimas a una unidad policial. Allí, tras descubrir que una de las detenidas llevaba la recaudación del local nocturno, iniciaron una negociación ilegal para exigir 3.000 bolivianos por la liberación del grupo, monto que luego «rebajaron» a 1.500 bolivianos.
La modernización del delito quedó evidenciada en el método de pago porque el sargento utilizó su teléfono celular para mostrar un código QR y recibir la transferencia. Investigaciones preliminares confirmaron que el dinero fue depositado en una cuenta bancaria que no pertenece a los policías, sino a un civil cuya identidad ya fue establecida y que será citado a declarar. Tras confirmarse el pago, los detenidos fueron liberados en la mañana.
Una vez que la administradora y la propietaria del local denunciaron los hechos, se inició la investigación que culminó con la aprehensión de los agentes. Al intentar frenar el proceso, la suboficial fue interceptada por colegas cuando pretendía darse a la fuga.
Mientras ambos cumplen prisión preventiva, el fiscal Muñoz adelantó los próximos pasos del proceso mediante la recolección de los elementos de convicción “para determinar si existe la posibilidad de una acusación».
La investigación sigue abierta y podría ampliarse conforme avanza la investigación. Según el fiscal, «ya se han enviado las citaciones y se están tomando las declaraciones de los otros funcionarios que también estaban cumpliendo servicio, ese día 26». Asimismo, la autoridad señaló que «vamos a evaluar todas esas declaraciones y es que además los actos de investigación que hemos solicitado, vamos a ver si existe otra persona implicada, si existe la posibilidad de ampliar la investigación y realizar una imputación también».