Mientras se espera el detalle del proyecto de ley aprobado, surge un punto controvertido. Según explicaciones del diputado oficialista Ricardo Rada, la iniciativa plantea que las personas encontradas culpables de delitos de corrupción pública enfrenten una pena de 30 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
eju.tv / Video: Radio Fides
¿Justicia o venganza política? La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que amplía en tres meses el arraigo para exautoridades de gobierno, una iniciativa presentada por la diputada del PDC, Claudia Bilbao, con el objetivo declarado de evitar la fuga de exfuncionarios de la anterior administración de Luis Arce.
Tras la votación, el presidenta de la Comisión dio lectura formal a la resolución al señalar: «Queda aprobada las disposiciones abrogatorias y derogatorias con la modificación y cumplimiento (…) y en consecuencia queda aprobada las disposiciones abrogatorias y derogatorias únicas con modificaciones. En consecuencia queda aprobada en su estación en grande y en detalle con modificaciones de forma el proyecto de ley 192». El proyecto en cuestión modifica la Ley 1352, denominada «de Permanencia Obligatoria del Territorio Nacional».
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La norma original, promulgada en diciembre de 2020 tras la llegada al poder de Luis Arce, obligaba a exautoridades de alto nivel a permanecer en el país hasta tres meses después de dejar sus cargos, para garantizar una transición y rendir informes si era necesario. Sin embargo, el debate en la Comisión había revelado una intención más amplia por parte de algunos legisladores oficialistas, quienes proponían extender el plazo de permanencia obligatoria a seis meses o incluso un año.
Mientras se espera el detalle del proyecto de ley aprobado, surge un punto controvertido. Según explicaciones del diputado oficialista Ricardo Rada, la iniciativa plantea que las personas encontradas culpables de delitos de corrupción pública enfrenten una pena de 30 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La normativa ahora deberá ser tratada en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé un intenso debate entre oficialismo y oposición sobre los alcances y el plazo final de la medida.