Un 12 de febrero de 2003, enfrentamientos entre policías amotinados, civiles y fuerzas armadas en La Paz dejaron decenas de muertos en medio de protestas contra un impuesto al salario. Uno de los protagonistas fue el entonces mayor David Vargas, quien continúa en una cruzada contra la impunidad.
eju.tv / Video: Tele Estrella HD
La mañana del 12 de febrero de 2003, la Plaza Murillo de La Paz amaneció tensa: policías armados, agrupados alrededor del entonces Grupo Especial de Seguridad (GES), hoy denominado Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), y civiles convergían en un pulso contra el Estado que terminaría con uno de los acontecimientos más violentos en la memoria reciente del país conocido como ‘Febrero Negro’.
El detonante fue un controvertido proyecto gubernamental que proponía gravar los salarios, parte de un paquete fiscal que buscaba cumplir metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sectores sindicales, estudiantes y personal policial lo rechazaron con fuerza, pero la movilización tomó un giro dramático cuando la policía se amotinó contra el gobierno.
El lunes 10, La Razón titulaba: “Goni dicta el impuesto más duro en la peor crisis”, una nota periodística en la que detallaba cómo obreros y clases medias debían entregar parte de sus ingresos al Estado en la siguiente proporción expresada en Bolivianos: De 881 a 1.320, 55; de 1.321 a 1.760, 110; de 1.761 a 2.000, 140; de 2.001 a 3.000, 265; de 3.001 a 4.000, 390; de 4.001 a 5.000, 515; de 5.001 a 6.000, 640; de 6.001 a 8.000, 890; de 8.001 a 10.000, 1.140; de 10.001 a 20.000, 2.390, y de 20.001 a 29.000, 3.628.
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La protesta social no fue la que recurrentemente se realizaba en el país cuando la Central Obrera Boliviana (COB) convoca a movilizaciones por alguna medida que consideraban antipopular. En esa ocasión, la efervescencia popular tuvo su pico más alto el 12 de febrero de 2003, cuando los policías de base se amotinaron contra sus altos mandos y el poder. En cuestión de horas, la rebeldía verde olivo se irradió a escala nacional.
Policías en apronte en inmediaciones de la plaza Murillo. Foto: La Razón
El entonces presidente de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Asclapol), Daniel Cahuana, aclaró que la medida de presión fue iniciada porque las autoridades no cumplieron con sus demandas: “Somos los menos pagados y no podemos permitir que suboficiales con 30 años de servicio que ganan 1.500 bolivianos se vean afectados”. 10.000 de sus camaradas serian “víctimas” del impuestazo.
Uno de los rostros más visibles de esta insurgencia fue el mayor David Braulio Vargas Flores, quien pertenecía a la policía nacional y se convirtió en líder informal del grupo rebelde dentro del entonces Grupo Especial de Seguridad (GES), antecedente de la UTOP. Vargas ya había encabezado movimientos de protesta policiales previos y fue una figura clave en las jornadas de febrero.
La rebelión policial derivó rápidamente en choques armados entre uniformados frustrados por la política salarial, civiles que se sumaron a la protesta y las fuerzas armadas leales al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El saldo de esa jornada que se extendió hasta el 13 de febrero fue de al menos 31 personas fallecidas y más de 200 heridos, según registros compilados por observadores y defensores de derechos humanos.
“Un día como hoy, las Fuerzas Armadas de nuestro país se apostaron en este lugar con equipo de guerra y por orden del gobierno, por orden político, empezaron a disparar contra gente inocente, contra policías que estábamos completamente desarmados, contra gente inocente, gente civil, que no tenía nada que ver en el conflicto”, recuerda el expolicía.
Un policía es auxiliado por sus camaradas y civiles. Foto: Bolpress
Las imágenes de aquel día dieron la vuelta al país y al mundo: gases lacrimógenos, ráfagas de fusil en las calles adyacentes al palacio presidencial, policías parapetados y tropas del Ejército desplegadas creando un paisaje urbano de confrontación que Bolivia no veía desde la época de la dictadura.
Aquel impuestazo fue finalmente retirado por el gobierno de entonces, pero el costo humano y político fue inmenso. La crisis social no culminó ahí, porque ‘Febrero Negro’ fue preludio de los hechos de octubre de ese mismo año, que culminaron con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y su salida al exilio. “Lastimosamente el gobierno actuó por la fuerza y tenemos tantos heridos que hasta hoy deben llegar a más de 60, 70 muertos. Inicialmente eran 36, hoy deben ser muchos más porque en 20 años han terminado de morir algunos que quedaron heridos”, subraya.
Vargas, expulsado de la policía tras los hechos, siguió como figura mediática y política en años posteriores. Su liderazgo en el motín policial de 2003 fue motivo de procesamiento judicial, y en 2023 un tribunal de La Paz lo declaró en rebeldía y ordenó su aprehensión por su ausencia a las audiencias por el caso conocido como ‘Febrero Negro’, aunque al final no fue sancionado.
Pese a la magnitud de los hechos, ningún alto responsable político o militar ha recibido sentencia firme por los sucesos de febrero de 2003. Las investigaciones avanzaron de forma fragmentada, entre sobreseimientos, dilaciones procesales y disputas de competencia, una constante denunciada por familiares de las víctimas.
Militares en una de las esquinas de la plaza Murillo. Foto: Opinión
En informes posteriores, la Defensoría del Pueblo sostuvo que el uso de fuerza letal fue desproporcionado y que el Estado incumplió su deber de proteger a la población civil. Sin embargo, las conclusiones no derivaron en sanciones penales definitivas.
Para Vargas, la memoria no es solo un ejercicio simbólico. “A 23 años, esta sigue siendo una herida abierta para La Paz y Este 12 de febrero de 2026, en el aniversario 23 de aquellos hechos, el candidato a la Alcaldía de El Alto, David Vargas, evocó la jornada en términos muy críticos: “las Fuerzas Armadas dispararon contra civiles y policías desarmados por orden del entonces gobierno dejando decenas de muertos y heridos, una herida que, a 23 años, sigue sin justicia”, afirmó en medio de una concentración política en El Alto.
La frase rememora no solo la violencia del pasado, sino el reclamo persistente de memoria y rendición de cuentas en Bolivia. Porque para muchos, Febrero Negro no fue solo un conflicto salarial o institucional, sino la manifestación de fracturas profundas en el tejido político y social del país, cuyas víctimas aún no las pueden superar.