La medida de presión anticipa una fractura en el movimiento cooperativista aurífero, justo cuando el debate tributario comenzaba a madurar en el Legislativo.
eju.tv / Video: ANF
La Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin) rompió la unidad sectorial y rechazó el proyecto de ley impulsado por la diputada del PDC, Danitza Mejía, que propone una alícuota del 4,8% para la comercialización del oro en el mercado interno.
A través de su presidente, Alfredo Yanarico, el sector paceño se declaró en estado de emergencia y denunció que la iniciativa legislativa fue presentada sin el consenso de las bases ni de las instancias orgánicas nacionales.
«Hoy la Federación Departamental salimos en este contundente rechazo y nos declaramos en estado de emergencia porque las autoridades que tenemos electas, tanto en la Asamblea Legislativa como en el Ejecutivo, presentaron un proyecto de ley en el cual hemos manifestado un impuesto único que vaya al TGN como aporte directo de las cooperativas mineras», afirmó el dirigente. La declaración evidencia que el conflicto no es por el monto, sino por la autoría y el procedimiento legislativo.
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Yanarico dejó claro que el sector no rechaza pagar impuestos, sino la forma en que la diputada Mejía ha conducido el proceso. «Yo creo que las cooperativas estamos muy conscientes de poder generar ese impuesto, pero no de esta manera que algunos parlamentarios se atribuyan a querer ellos imponer, no como en este caso ellos están imponiendo el 4.8 sin consensuar con los demás sectores», enfatizó.
El dirigente acusó directamente a Mejía de entrometerse en asuntos orgánicos y de intentar dividir al cooperativismo mediante representaciones ilegítimas que beneficiarían solo a «pequeños sectores».
La reacción de Fedecomin contrasta con la versión oficial de la diputada Mejía, quien días atrás aseguró que el proyecto cuenta con respaldo de las principales federaciones auríferas, incluyendo Fecoman, Ferreco y la propia Fedecomin. La propuesta, que fue tratada el martes en el Comité de Presupuesto de Diputados y luego postergada hasta marzo, busca establecer un marco tributario uniforme para la comercialización del or que sustituya el actual régimen de regalías y exenciones que beneficia al cooperativismo. Sin embargo, el desmarque paceño revela que no existe un consenso real y que la Asamblea Legislativa ha legislado sobre una base social frágil.
El estado de emergencia declarado por los cooperativistas paceños no implica, por ahora, medidas de presión en las rutas o yacimientos, pero coloca al Gobierno y al Legislativo ante la advertencia que cualquier modificación tributaria al oro deberá pasar por una mesa de diálogo con legitimidad orgánica y no por imposiciones parlamentarias.