La intervención comenzó en dependencias del Consejo de la Magistratura y posteriormente se trasladó a las oficinas de Derechos Reales, donde el personal del Ministerio Público realizó el registro de ambientes y el secuestro de material que será sometido a análisis técnico y jurídico.
eju.tv / Video: Reflejo Social Tarija
El Ministerio Público ejecutó este martes un allanamiento sorpresivo a las oficinas de Derechos Reales en la ciudad de Tarija, que tiene que ver con una investigación por presuntos hechos de corrupción e irregularidades en la emisión de certificados de propiedad. El operativo fue encabezado por el fiscal departamental de Tarija, Ernesto Mogro, junto a fiscales de materia y efectivos policiales, quienes intervinieron las dependencias que funcionan en el Consejo de la Magistratura, tras una denuncia formal presentada por la Oficina de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de esa institución.
«Tenemos identificada a una persona, una funcionaria, quien habría realizado este trámite. Queremos saber también quiénes son las personas que están detrás de esto. En ese sentido, el Ministerio Público, de manera objetiva, ha solicitado al Poder Judicial que nos otorgue estas órdenes de allanamiento. En este momento se están ejecutando y, además, se estaría allanando Derechos Reales, precisamente. Esta es una oficina de Derechos Reales, que se tiene una denuncia», afirmó el fiscal Mogro, antes de iniciar el operativo.
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Según la información preliminar, la denuncia señala que un funcionario de Derechos Reales estaría entregando certificados a personas que no serían los propietarios legítimos de los lotes, sino a terceros, lo que habría generado perjuicios y vulnerado la seguridad jurídica en los trámites de registro.
El fiscal Mogro informó que, a partir de esta denuncia, se inició una investigación preliminar que derivó en el allanamiento de las oficinas, con el objetivo de colectar documentación, archivos y otros elementos relevantes que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Asimismo, indicó que existe un funcionario plenamente identificado, aunque no se descarta la participación de otras personas, aspecto que continúa en etapa de investigación.
La intervención comenzó en dependencias del Consejo de la Magistratura y posteriormente se trasladó a las oficinas de Derechos Reales, donde el personal del Ministerio Público realizó el registro de ambientes y el secuestro de material que será sometido a análisis técnico y jurídico.
Desde la Fiscalía se señaló que estas acciones forman parte de la política institucional de lucha contra la corrupción y de fortalecimiento de la transparencia en entidades encargadas de trámites sensibles como el registro de bienes inmuebles.