El Ministerio de Gobierno calificó el ataque como una grave amenaza a la libertad de prensa y aseguró que no permitirá que el caso quede en la impunidad.
eju.tv
El Ministerio de Gobierno condenó enérgicamente el atentado contra el periodista F. Jesús Z. S., ocurrido la madrugada del pasado 12 de febrero en la ciudad de El Alto, y comprometió el apoyo institucional para esclarecer el caso y dar con los responsables.
A través de un comunicado oficial, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, expresó su “profunda preocupación” por el grave ataque contra el comunicador y calificó el hecho como una “terrible agresión” contra el gremio periodístico y una amenaza directa a la libertad de prensa y de expresión, pilares del sistema democrático.
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El pronunciamiento surge luego de que la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) denunciaran un presunto intento de asesinato contra el periodista, quien fue secuestrado y brutalmente atacado tras cubrir un acto de campaña electoral en la plaza de la Cruz de Villa Adela.
Según la denuncia, el comunicador fue interceptado cuando se retiraba del evento, reducido por desconocidos e introducido por la fuerza a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado hasta un terreno baldío en la zona de Kiswaras, a unos 15 kilómetros del lugar, donde fue agredido con un arma cortopunzante y recibió amenazas explícitas, en un hecho que, de acuerdo con las organizaciones periodísticas, buscaba silenciar su labor informativa.
La ANPB informó que el médico que atendió al periodista determinó que las lesiones no fueron accidentales, sino cortes finos provocados intencionalmente. Tras ser auxiliado, el comunicador fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Corea, recibió el alta médica el viernes y luego se sometió a una valoración en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Su identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad.
En su comunicado, el Ministerio de Gobierno aseguró que se instruyó a las instancias competentes coadyuvar con las investigaciones hasta identificar a los responsables y advirtió que no permitirá que el hecho quede en la impunidad. Asimismo, expresó su solidaridad con el periodista afectado, su familia y las agrupaciones de prensa del país, y reiteró que cualquier acto orientado a intimidar o silenciar a periodistas es inaceptable y contrario a los principios del Estado de derecho.
