El regreso planificado de la agencia antidrogas a Bolivia reactiva la cooperación técnica con Estados Unidos en un país cuya dinámica cambió significativamente desde 2008.
Un reciente decomiso de más de 880 kilos de droga en el Chapare. Foto: VDSSC
Desde su expulsión durante la administración de Evo Morales, la presencia operativa de la Drug Enforcement Administration en Bolivia quedó interrumpida; ahora, con el gobierno encabezado por Rodrigo Paz, la relación se reanuda con un enfoque técnico y de intercambio de inteligencia, según autoridades bolivianas. El anuncio marca no solo un cambio diplomático, sino la posibilidad de sumar capacidades tácticas frente a redes transnacionales que han modificado sus modos de operación en la última década.
La realidad interna boliviana hoy presenta rasgos distintos a 2008. Entonces, la expulsión respondió a una crisis política y desconfianza sobre injerencia; hoy en día, las prioridades del gobierno ponen la reducción de cultivos ilegales y la desarticulación de organizaciones criminales en el centro de su agenda.
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La realidad interna boliviana hoy presenta rasgos distintos a los de 2008. En aquel momento, la expulsión de la DEA respondió a una combinación de crisis política, confrontación ideológica y desconfianza del gobierno de entonces respecto a una presunta injerencia extranjera en asuntos internos. Dieciocho años después, el escenario es otro: las prioridades oficiales se concentran en la reducción de cultivos ilegales, la interdicción del tráfico de drogas y la desarticulación de organizaciones criminales con alcance transnacional.
Cuando la DEA dejó Bolivia en 2008, el país registraba, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), alrededor de 30.500 hectáreas de cultivos de hoja de coca. En ese mismo año, las tareas de interdicción reportadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) arrojaban incautaciones anuales de cocaína cercanas a las 25–30 toneladas, en un contexto de erradicación limitada y una estrategia estatal centrada en la racionalización de cultivos y el control soberano sin cooperación operativa directa con agencias extranjeras.
La intervención en una fábrica móvil de droga en el trópico de Cochabamba. Foto: VDSSC
Dieciocho años después, los indicadores muestran un escenario distinto. El último monitoreo de la UNODC estima que en 2024 la superficie cultivada de coca alcanzó aproximadamente 34.000 hectáreas, una cifra superior a la registrada en 2008. En paralelo, el Estado boliviano informó la erradicación o racionalización de 10.001 hectáreas durante 2024, mientras que las incautaciones de droga alcanzaron niveles récord: alrededor de 66 toneladas de cocaína, más del doble que en 2008, lo que refleja tanto un mayor despliegue operativo como un aumento del flujo de narcotráfico y el uso del país como territorio de tránsito regional.
¿En qué podría traducirse la vuelta práctica de la DEA? En primera instancia, en intercambio de datos forenses, formación técnica, apoyo en trazabilidad de cargamentos y cooperación en investigaciones transfronterizas; la agencia estadounidense mantiene decenas de oficinas en el extranjero y estructuras regionales que permiten ese tipo de apoyo. La intención declarada por el gobierno boliviano es limitar la presencia a labores técnicas, respetando la soberanía nacional, aunque la concreción dependerá de acuerdos legales y protocolos operativos.
La reacción de organizaciones cocaleras, especialmente en el Chapare, y la polarización política pueden tensionar la implementación de las nuevas políticas antidroga, lo que entraña un riesgo claro y un desafío aún mayor; además, la presencia de cárteles y grupos armados regionales ha intensificado la violencia y exigirá que la cooperación vaya acompañada de fortalecimiento institucional a las entidades de seguridad y de la justicia que participan en la integralidad de la lucha antidrogas (policía, fiscales, cortes), para que exista un efecto real.