A pocos días de las elecciones subnacionales en Bolivia, la histórica demanda por una redistribución equitativa de recursos entre el nivel central y los gobiernos municipales y departamentales vuelve al centro del debate.
Uno de los ejes de campaña de Rodrigo Paz fue el 50/50. Foto: Presidencia
La voz de los gobiernos subnacionales se amplifica pocos meses antes de los comicios programados para el 22 de marzo venidero; las alcaldías y gobernaciones del país, particularmente aquellas con limitados recursos propios, reclaman con urgencia un cambio estructural al modelo de administración pública que hoy concentra el grueso del gasto en el gobierno central.
Esta demanda se expresó en la campaña política rumbo a las presidenciales y ha reaparecido con fuerza en el debate sobre el llamado pacto fiscal 50/50, la propuesta electoral del presidente Rodrigo Paz Pereira para que, de manera paulatina o definitiva, el 50% de los ingresos estatales sea distribuido directamente a los niveles subnacionales.
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El debate parte de una desigualdad estructural reconocida: en la actualidad, poco más de un 12 % de los recursos recaudados por el Estado se transfieren a gobernaciones, municipios y otras autonomías, mientras que alrededor del 88 % permanece bajo control del gobierno central. Esta asimetría, aseguran alcaldes y gobernadores, limita gravemente la capacidad de estos gobiernos para atender servicios básicos y ejecutar proyectos priorizados por las comunidades.
El presidente está convencido de que habrá redistribución equitativa de los recursos. Foto: Correo del Sur
Paz propuso el 50/50 como parte de su agenda para enfrentar el centralismo fiscal y fortalecer la descentralización. Según múltiples declaraciones oficiales, la iniciativa se construirá ‘de la mano’ con las autoridades elegidas en las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, y su alcance total podría concretarse de manera gradual dentro de los cinco años de la presente gestión, incluso hasta el final del mandato.
El presidente espera que la redistribución de recursos entre el Estado y los gobiernos subnacionales, se concrete en el plazo máximo de cinco años, es decir, al final de su gestión. “Y esperamos que al final de estos cinco años el 50/50 sea una realidad y que sea ya el principio de regiones con una autonomía a fondo, de poder ir resolviendo sus problemas con recursos, evidentemente tanto económicos como humanos, pero ya no dependiendo del centralismo”, dijo en un acto oficial.
Para los gobiernos municipales, muchos de los cuales no generan recursos propios significativos más allá de tasas y tributos menores, la promesa del 50/50 representa algo más que una disputa técnica por porcentajes; es la posibilidad de mantener hospitales municipales, contratar personal esencial, mejorar carreteras rurales y sostener programas sociales sin depender únicamente de transferencias discrecionales desde el Ejecutivo.
El alcalde paceño Iván Arias es una de las autoridades que se refirió al 50/50. Foto: urgente.bo
Incluso algunos alcaldes urbanos han planteado que, sin un cambio profundo en el flujo de ingresos, su capacidad de responder ante emergencias y demandas ciudadanas se ve comprometida. La esperanza fue expresada de manera simbólica por el alcalde de La Paz, Iván Arias, en la inauguración de la Alasita. “Lo que quiero decirle al presidente es que al Ekeko hay que pedirle todo, pero nosotros solo le pedimos que el 50/50 sea una realidad, que el Ekeko haga cumplir aquello para todos. Este es nuestro único deseo”, afirmó entonces.
Si bien varios gobiernos subnacionales expresan interés en dialogar sobre una redistribución de recursos, también advierten que el anuncio presidencial corre el riesgo de quedar solo en retórica, sobre todo si no se traduce en normas fiscales claras y en asignaciones presupuestarias concretas ya en 2026. Algunos sectores cuestionan además la viabilidad técnica de un reparto inmediato de esa magnitud, dado que el nivel central mantiene compromisos financieros, gastos fijos y obligaciones que absorben casi la totalidad de las transferencias corrientes.
Esa es la percepción del candidato a la Gobernación de La Paz, el periodista y analista Andrés Gómez, quien en una entrevista a un medio televisivo desahució prácticamente la propuesta del primer mandatario al calificarla de inviable. “El déficit del Estado boliviano es del 10%, casi 32.000 millones de bolivianos. ¿Cuánto necesita para distribuir el 50/50 tal como ha comprometido el presidente? Otros 36.000 millones de bolivianos. ¿De dónde va a sacar esa cantidad de dinero? Lo que pasa cuando lanzan ese tipo de propuestas no hacen un estudio”, aseveró.
Andrés Gómez considera que la propuesta del 50/50 es inviable. Foto: Unitel
El 50/50 en el debate político también refleja una crisis más profunda que pasa por la incapacidad de muchos municipios para generar ingresos propios suficientes. En Bolivia, la Ley de Autonomías reconoce a municipios y gobernaciones competencias amplias para administrar territorios y servicios, pero sin una base fiscal sólida esta autonomía queda limitada en la práctica. Hasta ahora, las transferencias son la fuente predominante de financiamiento local, y cualquier ajuste en la redistribución fiscal podría modificar drásticamente la forma en que se planifican y se ejecutan las políticas públicas territoriales.
La redistribución, además, reabre discusiones sobre la autonomía política y financiera de los gobiernos subnacionales en Bolivia, un debate que ha marcado la historia institucional del país desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomías hace más de una década. Para muchos actores regionales, fortalecer la capacidad de decisión de municipios y gobernaciones es indispensable para corregir desigualdades históricas en inversión, acceso a servicios y desarrollo económico entre departamentos.
Con las elecciones subnacionales a la vuelta de la esquina, la demanda del 50/50 y la crisis financiera de los municipios se han convertido en temas claves de la agenda pública. Más allá de cifras o promesas, el desafío real será traducir esta demanda en políticas que fortalezcan la gobernanza local sin desestabilizar las finanzas del Estado nacional; sin embargo, la solución no pasa solo por obtener un mayor porcentaje de recursos, sino garantizar que esos fondos se traduzcan en bienestar palpable para la población.