La decisión fue asumida luego de una sesión marcada por un tenso cruce de palabras entre la Presidencia de la ALP y legisladores de distintas bancadas. La convocatoria tenía como objetivo que la autoridad responda a denuncias sobre un presunto sobreprecio en la adquisición de crudo por parte de YPFB.
El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, determinó este viernes por la tarde posponer la sesión de interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por no asistir y explique las denuncias sobre el presunto sobreprecio en la adquisición de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y reprogramarla para el martes 3 de marzo a las 9:00 horas, según un comunicado oficial emitido por la Presidencia del Legislativo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
«Se reanuda el acto interpelatorio contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, para el martes 3 de marzo de 2026 a las 09:00», señala un comunicado emitido por la Vicepresidencia.
La decisión fue asumida luego de una sesión marcada por un tenso cruce de palabras entre la Presidencia de la ALP y legisladores de distintas bancadas. La convocatoria tenía como objetivo que la autoridad responda a denuncias sobre un presunto sobreprecio en la adquisición de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); sin embargo, el ministro no asistió al hemiciclo.
La sesión se interrumpió pasado el mediodía en medio de reclamos por el uso de la palabra y el orden de intervención. Las discusiones escalaron con intercambios verbales entre la testera y algunos diputados, entre ellos Ricardo Rada, mientras desde la Presidencia se exhortaba a «mantener el orden» y ceñirse al reglamento.
Horas más tarde, mediante el comunicado la Presidencia de la ALP informó la reanudación del acto interpelatorio para el martes 3 de marzo, señalando que previamente se dispuso el saneamiento del proceso administrativo correspondiente a la Sesión Sexta, con el fin de garantizar la validez jurídica y ejecutoria de la determinación que emita el pleno.
En el documento se remarca que la fiscalización constituye un mandato constitucional irrenunciable de la Asamblea Legislativa y que la reprogramación se realiza en cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Constitución y el Reglamento General de la Cámara de Diputados.