Un estudio del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer revela que menos del 20% de las candidaturas a alcaldías son femeninas y apenas el 12% en gobernaciones, evidenciando que la paridad formal no se traduce en acceso real al poder.
Fuente: Sumando Voces
A menos de dos meses de las Elecciones Subnacionales 2026, los datos exponen una brecha persistente entre el discurso de igualdad y la realidad política, ya que las mujeres continúan prácticamente excluidas de los cargos ejecutivos municipales y departamentales, donde se concentra el mayor poder de decisión en Bolivia, aspecto que no cambiará en esos comicios porque solo dos de cada diez candidatos son postulantes mujeres.
Aunque la normativa electoral boliviana establece principios de paridad y alternancia, su aplicación efectiva sigue limitada a los órganos deliberativos, según señala un informe elaborado por el portal Sumando Voces. Según ese medio digital, un análisis del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer muestra que, de 2.624 postulaciones registradas para alcaldías en todo el país, solo 493 corresponden a mujeres, lo que equivale al 18,8%, frente a 2.131 candidaturas masculinas, que representan el 81,2%.
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El escenario es todavía más restrictivo en el nivel departamental. Las candidaturas femeninas a gobernaciones apenas alcanzan el 12% del total, con 11 postulaciones frente a 83 de hombres. En departamentos como Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija no se registra ninguna mujer candidata a gobernadora, mientras que en La Paz la presencia femenina es mínima.
Este patrón confirma una tendencia estructural y es que, mientras las organizaciones políticas cumplen con la paridad en listas legislativas, mantienen una lógica excluyente en los cargos ejecutivos. La paridad, en los hechos, se convierte en un requisito administrativo debido a la inclusión del requisito de alternancia contemplado en la Ley 026 de Régimen Electoral y no en una herramienta real de redistribución del poder.
Fuente: Sumando Voces
El inciso a) del artículo 11 de dicha norma señala que, “las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales Municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de manera sucesiva”.
Asimismo, el acápite b) añade que, “en los casos de elección de una sola candidatura en una circunscripción, la igualdad, paridad y alternancia de género se expresará en titulares y suplentes. En el total de dichas circunscripciones por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las candidaturas titulares pertenecerán a mujeres”. Es decir, es una obligación que está inscrita en la norma que legisla la composición de las diferentes instancias electivas del Estado.
Por ello, en los órganos deliberativos la situación es diferente respecto a la definición de las candidaturas. En el ámbito municipal, las mujeres concentran el 53,9% de las candidaturas a concejalías, y en las asambleas departamentales alcanzan el 52,5%. Estos datos reflejan que la norma funciona cuando existe obligación expresa, pero pierde eficacia allí donde los partidos conservan mayor margen de decisión, señala Sumando Voces.
El informe advierte, además, que incluso dentro de las listas paritarias persisten prácticas que limitan las posibilidades reales de elección de mujeres. El encabezamiento de candidaturas, que es la posición clave para asegurar representación, continúa ocupado mayoritariamente por hombres, salvo contadas excepciones como el departamento del Beni.
Fuente: Sumando Voces
Otro elemento crítico es la elevada tasa de inhabilitación de postulaciones, que alcanza al 76% del total registrado. Las principales causas son el incumplimiento de requisitos formales, como la acreditación de residencia o el dominio de al menos dos idiomas oficiales. Si bien estas observaciones afectan tanto a hombres como a mujeres, el Observatorio advierte que operan como barreras estructurales que restringen el acceso de nuevos liderazgos y profundizan las desigualdades existentes.
Frente a este panorama, señala Sumando Voces, la organización sostiene que la democracia paritaria no puede reducirse a un equilibrio numérico en las listas. Por ello, insta al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a reforzar los mecanismos de control sobre las postulaciones y a las fuerzas políticas a asumir un compromiso efectivo con la promoción de mujeres en cargos ejecutivos. “Sin mujeres en los espacios ejecutivos, la democracia sigue incompleta”, subraya el estudio.
Los gobiernos subnacionales concentran competencias clave en gestión territorial, servicios básicos y desarrollo económico local, aspectos que deben ser encarados por la sociedad en su conjunto. La ausencia de mujeres en alcaldías y gobernaciones no solo es un problema de representación, sino un síntoma de la resistencia del sistema político a redistribuir el poder. Las Subnacionales vuelven a colocar este déficit en el centro del debate, con una realidad que contradice los avances normativos y deja en evidencia que la igualdad formal aún no se traduce en una equidad real.