Prudencio detalló que el alcance de la ley, que esperan desde hace tres meses, les permitirá a los magistrados ejercer labores jurisdiccionales para las acciones tutelares y constitucionales “hasta que se convoque a elecciones judiciales».
eju.tv Video/ Cadena A
La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Verónica Prudencio, responsabilizó hoy (23) a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el retraso en la aprobación de una norma que permitiría al Órgano Judicial resolver, entre otras causas, las cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas desde diciembre contra el decreto 5503 o, denominado, del ‘gasolinazo’. Han pasado tres meses sin que el Legislativo sancione la ley necesaria para que el TCP pueda ejercer plenamente sus funciones en el control normativo y las acciones tutelares.
«Que la población boliviana recuerde y tenga presente que estamos cuatro magistrados legal, constitucional y legítimamente electos a la cabeza del Tribunal Constitucional», afirmó la magistrada, en conferencia de prensa, y dejó claro que la falta de resolución no obedece a inacción del tribunal, sino a un vacío normativo.
La presidenta del TCP explicó que los cuatro magistrados se encuentran en una situación de espera forzada. «Aguardamos de manera paciente que el Órgano Legislativo sancione y finalmente el Órgano Ejecutivo promulgue la ley que nos permita de manera excepcional y transitoria seguir trabajando como lo estamos haciendo», señaló Prudencio y enfatizó que el tribunal ha continuado con sus labores dentro de las limitaciones actuales, pero requiere la nueva norma para desbloquear causas clave.
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Prudencio detalló que el alcance de la ley, que esperan desde hace tres meses, les permitirá a los magistrados ejercer labores jurisdiccionales para las acciones tutelares y constitucionales “hasta que se convoque a elecciones judiciales».
Mientras tanto, las cinco acciones contra el decreto del gasolinazo, junto a otras causas de control normativo, permanecen sin resolución, en un limbo judicial que afecta directamente a la ciudadanía, que espera respuestas sobre la constitucionalidad de una medida que impactó en la economía de los bolivianos.