Las amenazas contra la autoridad se producen en un momento en que la anterior semana se hizo público graves denuncias por presunto daño económico al Estado en la Aduana Nacional. A fines de enero, García informó que se formalizó una denuncia contra la expresidenta de la Aduana.
eju.tv / Video: DTV
El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Marcelo Yamil García, denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales para que detenga las investigaciones que su despacho lleva adelante contra la Aduana Nacional, en el marco de un proceso que compromete a exautoridades y a la alta gerencia de esa institución.
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«En mi cuenta personal he recibido una amenaza explícita: me conminan a que deje de investigar a la Aduana. Me advierten con una serie de consecuencias en caso de que no lo haga», declaró la autoridad en contacto con medios locales de Tarija, al advertir que se trata de actos de amedrentamiento destinados a obstaculizar procesos por presunta corrupción.
García anunció que el caso será formalmente denunciado ante el Ministerio Público, además de haber sido puesto en conocimiento de la Policía y del Ministerio de Gobierno, con el fin de que se activen medidas inmediatas de protección y de investigación penal.
«No vamos a esperar que ocurra algo fatal para recién poder reaccionar. Estas amenazas no son casuales; reflejan la existencia de una estructura que actúa de forma ofensiva para impedir que se conozca la verdad. Pero esto no nos acallará, porque mañana en La Paz se hará conocer nuevas denuncias y nuevos hallazgos. Quieren callarnos porque estamos tocando intereses muy grandes, pero no lo van a lograr. La lucha contra la corrupción no se negocia», anunció el viceministro.
Investigación en la Aduana
Las amenazas contra la autoridad se producen en un momento en que la anterior semana se hizo público graves denuncias por presunto daño económico al Estado en la Aduana Nacional. A fines de enero, García informó que se formalizó una denuncia contra la expresidenta de la Aduana, Karina Serrudo, y otros dos exfuncionarios, por un presunto daño superior a los 10 millones de bolivianos en la construcción de oficinas en la ciudad de Tarija.
Según la investigación, el proceso de contratación presenta dos irregularidades centrales: adjudicación dirigida: Se habría elegido una propuesta que incluía un terreno valuado en 2,8 millones de bolivianos, pese a que existía una oferta un millón de bolivianos más barata, lo que levantó sospechas sobre la transparencia del proceso.
Además de, sobreprecio en la construcción: El costo por metro cuadrado pagado por la Aduana habría sido tres veces superior al precio de mercado.