El Diálogo Político de Alto Nivel UE–Bolivia dejó acuerdos para profundizar la cooperación en inteligencia, tecnología, desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional. El Gobierno destaca apoyo europeo sostenido a la Política Antidrogas 2026–2030.

La reciente visita de una delegación de la Unión Europea a Bolivia esta semana, en el marco del Diálogo Político de Alto Nivel UE–Bolivia, cerró con un balance favorable para el país en materia de cooperación contra el narcotráfico, al consolidar el respaldo europeo a las acciones de interdicción, erradicación de cultivos ilegales y fortalecimiento institucional que ejecuta el Estado boliviano.
Durante los encuentros sostenidos con autoridades nacionales, el Ernesto Justiniano Urenda, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, presentó los lineamientos de la Política Antidrogas 2026–2030, concebida como una política de Estado de largo plazo orientada no solo a la incautación de sustancias, sino a la desarticulación de organizaciones criminales, el golpe a sus finanzas y la reducción de su capacidad de control territorial.
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“El narcotráfico no reconoce fronteras. Por eso nuestra respuesta tampoco puede ser aislada. Debe basarse en responsabilidad común y cooperación efectiva”, afirmó. En ese sentido, hizo hincapié en que la estrategia antidrogas 2026 – 2030 significa para Bolivia un nuevo ciclo de política pública en materia de drogas en un contexto internacional marcado por la diversificación de rutas, el fortalecimiento de redes criminales y su articulación con delitos como lavado de activos, corrupción y trata de personas.

La estrategia boliviana, según se expuso ante la delegación europea, prioriza una interdicción selectiva e inteligente basada en intercambio de información, análisis de datos y uso de tecnología, así como el fortalecimiento de la coordinación con el Ministerio Público y el sistema judicial para asegurar procesos sólidos y sentencias efectivas. En ese marco, la Unión Europea expresó su disposición de continuar apoyando programas de asistencia técnica, capacitación y provisión de equipamiento.
El diálogo también abordó el componente de erradicación y desarrollo alternativo, considerado clave para atacar las causas estructurales del narcotráfico. Bolivia expuso los avances en el fortalecimiento de economías lícitas en zonas productoras y el acceso preferencial a mercados para productos como café, cacao y banano, a través de mecanismos comerciales europeos. La cooperación en este ámbito fue ratificada como un pilar para reducir la dependencia de actividades ilícitas.
En el panel sobre justicia, seguridad y lucha contra el crimen organizado participó además el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien subrayó que el combate al narcotráfico requiere fuerzas de seguridad eficaces, profesionales, íntegras y con respaldo institucional, así como un Estado capaz de garantizar seguridad jurídica y respeto al Estado de Derecho, acciones necesarias para proteger a la ciudadanía y preservar la estabilidad democrática.

Como resultado del diálogo, ambas partes coincidieron en que el narcotráfico es un fenómeno transnacional que exige respuestas coordinadas y corresponsabilidad internacional. En ese sentido, se ratificó el apoyo europeo a programas que Bolivia ejecuta en interdicción, erradicación, prevención del consumo y fortalecimiento institucional, que incluye recursos de cooperación orientados a justicia y seguridad.
El balance de la visita refleja una convergencia de enfoques entre Bolivia y la Unión Europea: menos énfasis exclusivo en incautaciones y mayor apuesta por inteligencia, desarticulación de estructuras criminales, control financiero y desarrollo alternativo. Para el Gobierno, este respaldo consolida a la cooperación europea como uno de los ejes centrales de la política antidrogas boliviana y refuerza la proyección internacional de la estrategia 2026–2030.
Las autoridades bolivianas consideran que los resultados del diálogo permiten fortalecer capacidades internas y ampliar alianzas externas, bajo una premisa compartida por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas: más Estado y más cooperación internacional para reducir el espacio de acción de las organizaciones criminales.