La Federación de Empresarios Privados de La Paz dio su respaldo a la asociación de estaciones de servicio.
La Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) manifestó su rechazo a uno de los puntos del acuerdo entre el Gobierno y los choferes, cuya comisión fiscalizará la cadena de provisión de carburantes hasta los surtidores donde, si se detecta combustible no apto para la venta, podrán quedar precintados y dejar de atender al público.
La Asosur afirmó que la fiscalización y cualquier intento de precintado de los surtidores se constituye en una «persecución administrativa contra el sector privado», porque la asociación sostiene que «la responsabilidad sobre la calidad (del combustible) es del origen, no de la comercialización».
El convenio firmado entre los transportistas con autoridades del Gobierno definió la conformación de comisiones que visitarán las plantas de origen del diésel y la gasolina que entra al país, revisarán la cadena de comercialización y llegarán hasta los puntos de distribución.
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A la posición de rechazo de la Asosur respecto a los eventuales precintados de las estaciones de servicio se sumó la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), que señaló que estas acciones constituyen un «atropello al sector privado» y forman parte de una política que busca presionar a los operadores en medio de la crisis de combustibles.
La Asosur aclaró que no tiene injerencia en la calidad del combustible que comercializa: «No refinamos combustible. No importamos combustible. No realizamos procesos de aditivación», por lo que exige transparencia en toda la cadena de hidrocarburos y condiciones concretas para superar la crisis con auditorías externas a la importación, publicación de certificados de calidad verificados en origen, controles permanentes en las plantas de almacenaje y la implementación de muestras testigo certificadas en cada despacho.