En su pronunciamiento, la organización también advirtió que aplicar medidas de austeridad de forma indiscriminada puede debilitar la capacidad operativa de estas entidades, afectar la producción nacional y poner en riesgo la estabilidad laboral.
La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó este viernes cualquier intento de reducir personal en las empresas públicas productivas, pese a que, durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), se viene informando que varias de estas entidades presentan déficits o incluso han sido calificadas como «elefantes blancos». Mediante un pronunciamiento difundido en esta jornada, la organización sindical expresó su «profunda preocupación y firme rechazo» ante la posibilidad de aplicar recortes en la masa salarial y en el presupuesto de las empresas públicas, en el marco de medidas de racionalización del gasto estatal.
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«La Central Obrera Boliviana se dirige al pueblo trabajador y a la opinión pública nacional para expresar su profunda preocupación y firme rechazo ante la intención del Gobierno de aplicar una reducción de hasta el 30% a la masa salarial y el 10% en el resto de los gastos del presupuesto aprobado a las empresas públicas productivas, amparándose en el Decreto Supremo 5516, particularmente en lo referido a la racionalización de gastos en el sector público establecido en el artículo 22», señala el documento difundido.
La posición de la COB surge además de que en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que, dentro de su proceso de reestructuración técnica, desvinculó a 410 funcionarios hasta la fecha.
Según un reporte de la petrolera estatal, estas acciones buscan optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia y la responsabilidad institucional. Asimismo, se señaló que varios de los funcionarios apartados enfrentan procesos por presuntamente haber afectado las operaciones de la empresa y que, en algunos casos, estos ya avanzan con medidas cautelares.
«Pretender aplicar reducciones estructurales sin plantear políticas estructurales que garanticen la soberanía económica del Estado, significaría debilitar su capacidad operativa, afectar la producción nacional y poner en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores que con su esfuerzo sostienen el funcionamiento de estas entidades; la historia económica y política de nuestro país demuestra que cada vez que se ha intentado reducir, debilitar o desmantelar las empresas del Estado, el resultado ha sido la apertura de procesos de privatización, la pérdida de soberanía sobre nuestros recursos y el deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora», señala en otra parte del documento.
Pese a los cuestionamientos sobre la sostenibilidad de algunas empresas estatales, la COB insiste en que las entidades productivas no deben ser objeto de reducciones estructurales, al considerar que muchas de ellas generan divisas, recursos propios y empleo directo e indirecto para miles de trabajadores.