La propuesta plantea, además, que la “recaudación generada por peajes en cada departamento” pase a administración directa de las gobernaciones.
El hemiciclo de la Cámara de Senadores. Foto: CdS
Por eju.tv / La Paz
La Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores debatirá esta semana el proyecto de ley para aplicar la distribución de los ingreso en 50-50 entre el nivel central del Estado y las regiones del país.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Se trata del proyecto de ley 087/2025-2026 de Equilibrio Territorial del Gasto, Descentralización y Fortalecimiento Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por el senador de la opositora Libre y actual candidato a gobernador de Santa Cruz, Branko Marinkovic.
La política del 50-50 fue promovida por el presidente Rodrigo Paz. Durante la campaña presidencial de 2025, dijo que lo aplicaría por decreto; no obstante ya en la Presidencia dijo que espera que este acuerdo se concrete hasta antes del final de su gestión porque se modificará toda la estructura del Estado.
En su iniciativa, Marinkovic plantea “un régimen de distribución funcional del ingreso público proveniente de infraestructura estratégica, servicios públicos nacionales y rentas asociadas a la actividad económica estatal”.
Propone aplicarla “exclusivamente sobre los recursos efectivamente recaudados y registrados en el Tesoro General de la Nación que sean susceptibles de ejecución territorial, sin afectar ingresos de destinación constitucional específica ni competencias privativas del nivel central del Estado”.
Del 100%, el 50% se quedará para el nivel central del Estado, destinado al financiamiento de competencias privativas, estabilidad macroeconómica, seguridad nacional, políticas públicas estratégicas e inversión de alcance nacional; mientras que el restante 50% será destinado a ejecución territorial directa.
A la vez, ese 50% será distribuido de la siguiente manera: 20% para los gobiernos autónomos departamentales; 25% para los gobiernos autónomos municipales y autonomías indígena originaria campesina; y 5% para las universidades públicas autónomas del sistema estatal.
El artículo 12 de la propuesta establece que lo recursos correspondientes al 50%, destinado a entidades territoriales autónomas y universidades públicas, será acreditado de manera automática y directa en sus respectivas cuentas fiscales institucionales registradas en el Sistema Integrado de Gestión Pública.
Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas implementará mecanismos informáticos de acreditación automática mensual basados en registros oficiales de recaudación.
De manera adicional, la propuesta del senador plantea que la “recaudación generada por peajes en cada departamento” pase a administración directa de las gobernaciones.
En la actualidad, la recaudación es realizada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que destina esos fondos para el mantenimiento de las rutas.
En consecuencia, los gobiernos autónomos departamentales asumirán la responsabilidad directa sobre el estado operativo de la infraestructura; niveles de servicio vial; seguridad vial; continuidad del tránsito; y planificación de inversiones territoriales.
Con la renta vial se deberá priorizar la integración productiva regional, conectividad logística y desarrollo económico departamental.
En cambio, el nivel central ejercerá únicamente funciones de regulación técnica nacional, homologación de estándares y control de cumplimiento normativo.
El artículo 22 de la inactiva establece que el Órgano Ejecutivo convocará al Consejo Nacional de Autonomías para incorporar el equilibrio territorial del gasto público y la renta vial como componentes estructurales del proceso de concertación fiscal previsto por la Ley Marco de Autonomías.