El Consejo de la Magistratura también rechaza el enfoque reduccionista del proyecto, que atribuye las deficiencias del sistema registral a su dependencia del Órgano Judicial, sin considerar que los problemas identificados son de gestión, inversión y modernización, no de naturaleza institucional.
La Sala Plena del Consejo de la Magistratura expresó su oposición fundada al Proyecto de Ley presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, que propone la transferencia del Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo, específicamente al Ministerio de la Presidencia. En un pronunciamiento institucional emitido ayer desde Sucre, la entidad encargada de la administración del sistema judicial advirtió que la iniciativa compromete la seguridad jurídica, debilita la confianza en el sistema de propiedad y expone a los ciudadanos a posibles injerencias políticas en un derecho fundamental.
“La transferencia del Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo compromete la seguridad jurídica, debilita la confianza en el sistema de propiedad y expone a los ciudadanos a posibles injerencias políticas en un derecho fundamental”, señala el documento del Consejo de la Magistratura que alerta sobre la vulneración del principio de separación e independencia de órganos.
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El Consejo de la Magistratura argumenta que, conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), Bolivia es un Estado descentralizado, por lo que cualquier ley que busque suprimir atribuciones propias de un órgano para centralizarlas en otro resulta contraria al modelo constitucional.
“Se pretende quitar el Servicio de Derechos Reales al Órgano Judicial para trasladarlo y centralizarlo en el Órgano Ejecutivo, concretamente en el Ministerio de la Presidencia”, denuncia la institución, que considera que esta transferencia constituye un quiebre en el Estado de derecho.
Uno de los puntos más críticos señalados es el conflicto de intereses que se generaría si el Estado, que es parte en procesos contenciosos como expropiaciones, tuviera a su alcance toda la base de datos de derecho propietario. “El Estado no podría actuar como interesado en determinados procesos contenciosos e incluso de expropiación y tener a su alcance toda la base de datos de derecho propietario, generando una situación de desigualdad frente al ciudadano”, advierte el pronunciamiento, que detalla cinco observaciones sustanciales al proyecto.
La entidad cuestiona que el proyecto de ley reconozca problemas reales del sistema, como la falta de interoperabilidad, la necesidad de modernización tecnológica o la mejora en la eficiencia, pero que incurra en omisiones y errores estructurales de alta relevancia constitucional. Señala, entre otras falencias, la falta de protocolos claros para la seguridad, integridad y trazabilidad de la información registral durante la transferencia de bases de datos en un plazo de 180 días, así como la ausencia de salvaguardas frente a posibles pérdidas, alteraciones o manipulaciones.
El Consejo de la Magistratura también rechaza el enfoque reduccionista del proyecto, que atribuye las deficiencias del sistema registral a su dependencia del Órgano Judicial, sin considerar que los problemas identificados son de gestión, inversión y modernización, no de naturaleza institucional.
En ese sentido, propone que la modernización se realice dentro del ámbito del Órgano Judicial, mediante digitalización integral, interoperabilidad con catastro e INRA, transparencia y profesionalización en la designación de registradores.
Por último, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a abrir un debate técnico, constitucional e interinstitucional serio en el que se debe incorporar a todos los actores del sistema judicial y registral para priorizar reformas estructurales que fortalezcan, y no debiliten, la institucionalidad del Estado.