Los abogados Jaime Tapia y Giovani Machicao advierten que la reiterada paralización del juicio por inasistencia del Viceministerio de Transparencia, podría configurar retardación de justicia y convertir la detención preventiva en una sanción anticipada.
El exministro Arturo Murillo cumple detención preventiva en el centro penitenciario San Pedro. Foto: IN Noticias
La defensa del exministro de Gobierno Arturo Murillo denunció este martes una presunta vulneración de derechos constitucionales tras la suspensión, por vigésima quinta vez, de la audiencia en el marco del proceso penal impulsado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), cuya nueva fecha fue fijada para el 12 de marzo a horas 09:00 debido a la inasistencia del Viceministerio de Transparencia.
Los abogados Jaime Tapia y Giovani Machicao reclamaron al juez y recordaron que en la anterior audiencia se había advertido que el proceso concluiría si faltaba alguna de las partes. Sin embargo, la audiencia volvió a suspenderse por ausencia del acusador estatal. “Esto ya no es un simple incidente procesal, es una afectación directa a derechos fundamentales”, sostuvieron ambos juristas, quienes remarcaron que existen personas con detención preventiva y más de una docena de acusados mientras el proceso permanece paralizado.
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La defensa invocó disposiciones específicas de la Constitución Política del Estado (CPE), en particular los artículos 115.II, que garantiza una justicia ‘pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas’; el 116.I, sobre la presunción de inocencia; el 117.I, que prohíbe condena sin debido proceso; y el 178.I, que establece los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica y celeridad.
Según Tapia y Machicao, veinticinco suspensiones consecutivas por ausencia del acusador vulneran el principio de plazo razonable y convierten la detención preventiva en una forma de sanción anticipada. Desde la perspectiva penal, advirtieron que podrían configurarse responsabilidades conforme a los artículos 154 (incumplimiento de deberes), 177 (resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes) y 178 (retardación de justicia) del Código Penal.
“Cuando la estructura institucional —ministerios, fiscalía y órganos judiciales— actúa con sesgo o negligencia, el proceso penal deja de ser un instrumento de justicia y se convierte en mecanismo de presión”, señalaron. Cabe recordar que el proceso contra Murillo se enmarca en investigaciones abiertas tras su gestión como ministro de Gobierno durante la administración transitoria de Jeanine Áñez entre el 2019 y el 2020.
El exministro fue posteriormente detenido y condenado en Estados Unidos por un caso de soborno y lavado de dinero vinculado a la compra de material antimotines, antecedente que derivó en investigaciones paralelas en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos económicos. No obstante, la defensa sostiene que, independientemente de esos antecedentes, el proceso actual debe respetar estrictamente las garantías constitucionales.
“El Estado no puede acusar y simultáneamente paralizar el juicio. La libertad no puede depender de la ausencia reiterada del acusador”, afirmaron. “Veinticinco suspensiones no son casualidad, son un patrón que exige control constitucional y la determinación de responsabilidades”, añadieron, mientras el proceso permanece a la espera de la próxima audiencia fijada para el 12 de marzo.