El narcotraficante uruguayo enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado y tenencia de armas, que podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua.
Sebastián Marset poco antes de ser embarcado en un avión de la DEA rumbo a Estados Unidos. Foto: RRSS
El narcotraficante Sebastián Marset podría intentar negociar con la justicia federal de Estados Unidos mediante la entrega de información sobre su red criminal y posibles vínculos con exautoridades que habrían facilitado sus operaciones en Bolivia y otros países, afirmó el abogado y especialista en criminalística Cristian Sánchez en La Hora Pico de eju.tv, que se transmite por radio Oriental de Santa Cruz de la Sierra.
Según explicó el jurista, Marset enfrenta una acumulación de delitos en el sistema judicial estadounidense que podrían derivar en penas extremadamente severas. “La gravedad y el volumen de los delitos que están siendo acusados en Estados Unidos importan una pena efectiva de cadena perpetua o al menos 40 años en la cárcel”, señaló.
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Según el analista, entre los cargos que pesan sobre el narcotraficante se encuentran lavado de activos, crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas, delitos que en la legislación estadounidense pueden acumularse. En ese contexto, Sánchez sostuvo que la principal moneda de negociación del capo sería la información que posee sobre su propia organización criminal.
“La única moneda que tiene para negociar es su conocimiento de la organización: cómo funcionaba, sus fuentes de financiamiento, el volumen de ingresos y la forma en que se legitimaba el dinero en Estados Unidos, Europa y Sudamérica”, explicó.
Sebastián Marset sube al avión de la DEA. Foto: RRSS
El especialista también señaló que la colaboración con las autoridades podría implicar revelar los nombres de coautores, socios criminales y funcionarios que facilitaron las operaciones del narcotráfico. “También podría entregar nombres de personas que eran colíderes de la corporación criminal y de funcionarios públicos que colaboraron con sus actividades”, indicó.
Sánchez citó estudios internacionales que estiman que hasta el 40 por ciento del presupuesto de las organizaciones criminales se destina a corrupción, para asegurarse una protección institucional. “Parte de ese dinero ha fluido para corromper autoridades de gobierno, policías, fiscales y jueces que facilitaron la impunidad de Marset”, sostuvo.
No obstante, el abogado advirtió que Bolivia enfrenta limitaciones estructurales para investigar estos casos, debido a la falta de tecnología forense y a los problemas de transparencia institucional. “Países como Bolivia tienen dificultades para investigar el flujo financiero y las comunicaciones de organizaciones criminales”, explicó.
A diferencia de esa situación, señaló que en Estados Unidos las investigaciones suelen completarse antes de realizar detenciones, lo que deja a los acusados con márgenes limitados de defensa. “En Estados Unidos primero se investiga y luego se detiene. Eso significa que probablemente ya existe una carpeta probatoria muy sólida contra Marset”, afirmó.