El viceministro Ernesto Justiniano señala que el control social en las comunidades y la participación de los productores legales son claves para mantener la coca dentro de los límites establecidos por la ley.
eju.tv / Video: VDSSC
El Gobierno nacional impulsa una estrategia de racionalización y control de cultivos excedentes de hoja de coca que busca reforzar la alianza con los productores legales, para evitar la expansión de plantaciones fuera de los límites establecidos por la normativa vigente y reducir el desvío de la hoja hacia el narcotráfico.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, explicó que uno de los pilares de la política antidrogas consiste en que los productores legales de coca se conviertan en aliados directos del Estado para impedir el crecimiento de cultivos ilegales, especialmente en el Trópico de Cochabamba.
“El mensaje es claro: los productores legales del Trópico de Cochabamba deben ser nuestros aliados en la lucha contra el narcotráfico. Nada mejor que trabajar con ellos para que la coca se mantenga dentro de los límites establecidos”, afirmó la autoridad. La estrategia apunta a reforzar los mecanismos de control social dentro de las comunidades productoras, con el fin de evitar que pequeños grupos o intermediarios establezcan vínculos con las redes del narcotráfico.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Autoridades de gobierno y de UNODC en el acto de inicio de las tareas de erradicación. Foto: VDSSC
Según Justiniano, este control comunitario es clave para impedir que cultivos excedentes terminen alimentando las estructuras criminales dedicadas a la producción de droga. “Los cocaleros que siembran legalmente tienen que ser nuestros mejores aliados, impidiendo que pequeñas comunidades o grupos terminen trabajando, directa o indirectamente, con las mafias del narcotráfico”, sostuvo.
El viceministro recordó que la normativa vigente establece 7.700 hectáreas de cultivos de coca permitidas en la región del Chapare, aunque estimaciones preliminares indican que actualmente la superficie se habría duplicado. Este crecimiento, advirtió, genera preocupación debido a que una parte de la producción puede ser desviada hacia la cadena del narcotráfico. “En el Chapare tenemos permitidas 7.700 hectáreas, pero en este momento lamentablemente estamos llegando a cerca de 15.000 hectáreas”, señaló.
Frente a esta situación, el Gobierno sostiene que el control territorial y la racionalización de cultivos deben ir acompañados por una mayor participación de los productores legales, quienes conocen de primera mano la dinámica productiva de las comunidades. En consecuencia, explicó que, paralelamente al control de cultivos, la estrategia antidrogas se orienta a afectar la infraestructura utilizada por las organizaciones criminales, como laboratorios clandestinos, pistas de aterrizaje o centros de procesamiento.
Los equipos de erradicadores antes de eliminar un cato. Foto: VDSSC
Según la autoridad, la destrucción de estas instalaciones representa un impacto significativo para las redes criminales. “Cuando se destruyen estas infraestructuras el daño es muy grande. En algunos casos el impacto puede alcanzar 3,5 millones de dólares, porque sustituir un laboratorio en medio del monte no es sencillo”, explicó.
Añadió que, mientras las personas involucradas en estas actividades pueden ser reemplazadas rápidamente por las organizaciones criminales, la reconstrucción de infraestructura clandestina requiere mayor tiempo y recursos. “Para las mafias las personas son prescindibles, pero reconstruir la infraestructura en zonas remotas es mucho más difícil”, indicó.
El viceministro también advirtió que el narcotráfico que opera en el país está vinculado a estructuras criminales de carácter transnacional, que buscan aprovechar la producción de coca y la posición geográfica de Bolivia. Según estimaciones, el país podría producir en la actualidad alrededor de 300 toneladas de cocaína al año, lo que lo convierte en un punto de interés. “Son mafias internacionales que traspasan nuestras fronteras y que operan en países productores, países de tránsito y países de destino”, señaló.
UNODC entregó dos drones que servirán para las labores de erradicación. Foto: VDSSC
Pese al incremento de operativos antidroga en distintas regiones del país, Justiniano reconoció que la lucha contra el narcotráfico enfrenta limitaciones logísticas importantes, especialmente en el ámbito aéreo. Actualmente, explicó, el país dispone de solo dos aeronaves operativas de un total de 35 destinadas a tareas de interdicción. “Las otras aeronaves están sin reparación, les faltan repuestos y mantenimiento, además de que existe una deuda de aproximadamente 50 millones de bolivianos que debe ser regularizada”, indicó.
A pesar de estas dificultades, el Gobierno sostiene que la estrategia antidrogas continuará combinando control de cultivos, interdicción y cooperación internacional, con el objetivo de reducir la oferta de droga y limitar la presencia de organizaciones criminales en el país.