La detención de Marcelo Arce Mosqueira abre una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, manejo irregular de recursos y vínculos con operaciones dentro de la estatal petrolera.
Luis Marcelo Arce Mosqueira cuando fue aprehendido. Foto: Min. Gobierno
El Gobierno sostiene que la crisis de combustibles y las protestas sociales tienen origen en una estructura de corrupción dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la cual tendría ligazón con el entorno de Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del expresidente Luis Arce, quien cumple detención preventiva en el centro penitenciario Palmasola de Santa Cruz y es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y su influencia en decisiones dentro de esa empresa.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la situación actual del país responde a un problema estructural en la estatal petrolera, que fue ‘carcomida’ por prácticas irregulares durante años. Uno de los principales sindicados en la aparente estructura delictiva es justamente Arce Mosqueira, quien fue aprehendido y enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y daño económico al Estado.
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“Este tema de YPFB es un tema mucho más de fondo que va más allá de la gasolina, es una estructura carcomida, penetrada por la corrupción, por negociados increíbles que ha habido. La detención de Marcelo Arce Mosqueira nos está revelando un manejo, yo diría, altamente delictivo de esta empresa. Y lo que hoy está atravesando el pueblo boliviano es consecuencia de ese manejo delictivo que ha habido en esta empresa”, puntualizó.
Según el Gobierno, el caso revela un patrón de funcionamiento interno en la estatal. “No era que Arce Mosqueira hacía todo; tenía una red de protección”, sostuvo Oviedo, al advertir que la investigación apunta a una estructura más amplia dentro de la empresa. Añadió que, “lo que hoy está sufriendo la población boliviana, los ciudadanos en todo el país, son los efectos de este manejo, de esta especie de corporación mafiosa que se hizo de esta empresa”.
Los problemas de suministro de combustible son recurrentes. Foto: Erbol
Las pesquisas fiscales y financieras identificaron bienes y movimientos económicos millonarios del hijo mayor de Arce Catacora, quien aparece como propietarios de al menos 18 inmuebles y 20 vehículos vinculados al investigado, además, otro de los ejes de la investigación a cargo del Ministerio Público es el nivel de injerencia en las decisiones corporativas dentro de YPFB sin ocupar siquiera un cargo formal en la estructura organizacional.
En paralelo, investigaciones recientes dentro de la estatal petrolera detectaron presuntos hechos de corrupción por más de Bs 1.000 millones, relacionados con anticipos sin respaldo y contratos irregulares en la provisión de insumos para combustibles. El Gobierno sostiene que estos hechos explican la actual crisis, ya que “lo que está atravesando el pueblo boliviano son consecuencias de ese manejo delictivo”, afirmó Oviedo, al señalar que el problema no es coyuntural, sino fue acumulado durante años.
Yacimientos, creada en 1936 y eje del sector hidrocarburífero nacional, ha estado bajo presión desde hace varios años por denuncias de corrupción en contratos, importación irregular de combustibles y un manejo discrecional de recursos, lo que incrementa el impacto político del caso actual. “Esto es lo que hemos encontrado y las protestas (de los choferes) tienen su origen no en estos meses que se está teniendo de gestión, sino son años de años en el pasado del pasado de este manejo delictivo que se ha hecho de YPFB”, aseveró Oviedo.
El Ejecutivo asevera que la crisis energética y social responde a prácticas heredadas, lo que será demostrada, según el titular de Gobierno, a medida que la investigación judicial avance, la cual podría ampliarse a otros actores vinculados a la estatal. “Es una gran cantidad de información técnica, se está procesando y nosotros la vamos a ir dando a conocer a la opinión pública de manera continua y permanente”, anunció la autoridad.