Más allá de la sentencia en Nueva York, el caso del exjefe de la FELCN revela cómo una investigación internacional apuntó a redes protegidas desde el propio aparato estatal boliviano.
Maximiliano Dávila, exdirector nacional de la FELCN. Foto: Ahora el Pueblo
La condena de Maximiliano Dávila, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de la gestión del expresidente Evo Morales, en Estados Unidos cierra un capítulo judicial, pero abre uno más profundo: el de los entretelones de una investigación que no nació en Bolivia, sino en agencias internacionales, y que terminó señalando a quien debía combatir el narcotráfico como parte de su engranaje.
El caso de Maximiliano Dávila no fue ventilado en tribunales bolivianos, sino en una investigación internacional liderada por autoridades estadounidenses desde al menos 2017, que lo identificó como una pieza clave en una red que facilitaba el envío de cocaína hacia ese país, elemento esencial para entender por qué fue llevado a Estados Unidos. No se trataba solo de un exjefe policial, sino de un engranaje de una estructura transnacional, acusado de brindar ‘protección de alto nivel’ a cargamentos de droga, incluso mediante el uso de aeronaves.
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Dávila dirigió la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el tramo final del gobierno de Evo Morales, una posición que le daba control operativo, inteligencia y capacidad de decisión sobre interdicción; ese rol es central ya que la acusación no es la de un actor marginal, sino la de un alto funcionario policial que, según la investigación, habría utilizado el aparato estatal para facilitar el narcotráfico.
El expediente estadounidense se apoyó en testimonios, interceptaciones y cooperación internacional. Uno de los elementos clave fue la declaración de coacusados vinculados a redes de tráfico, quienes describieron un esquema donde Bolivia funcionaba como plataforma de salida de cocaína hacia mercados internacionales; en ese contexto, la DEA llegó incluso a ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su condena, una señal del nivel de interés estratégico del caso.
Dávila cuando era director de la FELCN en un festejo del natalicio de Evo Morales. Foto: Correo del Sur
En contraste, en Bolivia el proceso avanzó inicialmente por delitos financieros, legitimación de ganancias ilícitas, lo que evidencia una diferencia del enfoque penal; mientras en EEUU se lo investigaba como operador del narcotráfico internacional, a nivel interno no se logró consolidar una acusación de esa magnitud y solamente se lo investigó por las supuestas utilidades ilegales que habría obtenido del negocio ilícito.
Antes de su caída, Dávila ya era un nombre controversial dentro de la propia Policía. Indicios señalaban que sus propios colegas lo vinculaban con prácticas irregulares, como extorsión y manipulación de operativos antidroga; además, apareció en investigaciones relacionadas con otros actores del narcotráfico, como el caso Pedro Montenegro y conexiones con policías implicados en redes criminales.
Estos antecedentes no derivaron en una ruptura institucional inmediata, lo que refuerza una de las lecturas más críticas del caso, que apunta a una posible tolerancia en ese entonces, o la incapacidad del sistema para detectar y frenar la infiltración del narcotráfico en estructuras clave.
Maximiliano Dávila cuando fungía como director de la FELCN.
La extradición de Dávila en diciembre de 2024 marcó un punto de inflexión. Fue una decisión poco frecuente tratándose de un alto exjefe policial y se sustentó en un tratado vigente entre Bolivia y Estados Unidos, pese a las tensiones históricas en materia antidrogas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló su envío, en un proceso que no admitía apelación, lo que aceleró su traslado directo a una corte federal en Nueva York.
Este paso también tuvo implicaciones políticas internas, al reactivar tensiones sobre la responsabilidad de su designación y el alcance de las redes que operaban durante su gestión. En ese sentido, la condena de 25 años en EEUU no solo sanciona a un exfuncionario policial, sino que valida la hipótesis de que el narcotráfico logró penetrar niveles estratégicos del aparato de control durante el gobierno de Evo Morales.
La sentencia contra Maximiliano Dávila es el desenlace judicial de un proceso que duró más de un año y que, en realidad, devela cómo un sistema diseñado para combatir el narcotráfico puede ser utilizado desde dentro. La condena supone una validación de las acusaciones estadounidenses, por lo que las autoridades nacionales tendrán que investigar hacia atrás tanto las redes, así como las omisiones y las conexiones que tuvo, para determinar si se trató de un hecho aislado o de una estructura enraizada en la institución antidroga.