Orias hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que atienda el reclamo de la comunidad jurídica y la sociedad civil. «Por tanto este comunicado, suscrito por la comunidad jurídica del país, por varios abogados, abogadas que están en el litigio en la defensa de derechos humanos, de población vulnerable, organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios, se han pronunciado pidiendo que este tema ingrese entre las prioridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional», enfatizó.
eju.tv / Video: Radio FIdes
El clamor ignorado de la población vs. la agenda parlamentaria. El abogado Ramiro Orias advirtió que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) posterga la elección de nuevos magistrados, lo que mantiene al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con apenas cuatro de sus nueve miembros desde enero de 2025 y así provoca la paralización de múltiples procesos judiciales. Según el jurista, esta omisión legislativa desoye el clamor de la población que exige como prioridad la designación de nuevas autoridades en un contexto donde más de 18 mil causas esperan resolución.
«Los cuatro actuales miembros, que en realidad son minoría frente a los nueve totales que debería existir, puedan tomar decisiones y atender una serie de causas que en este momento por falta de quórum no están atendiendo, como son los recursos de inconstitucionalidad. Al presente solamente están funcionando comunicaciones, la comisión de admisión y la revisión de acciones constitucionales como acciones de libertad y amparos constitucionales, pero el resto de los casos están prácticamente paralizados», detalló el jurista en entrevista con Radio Fides.
El abogado recordó que existe un proyecto de ley transitoria que permitiría a los cuatro magistrados actuales atender, de manera excepcional, los recursos de inconstitucionalidad y otras causas que hoy están congeladas. Sin embargo, denunció que, pese a haber sido aprobado en la Comisión de Justicia Plural de Diputados, el proyecto no ha avanzado en el pleno legislativo.
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«La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley, pero no ha seguido el proceso de sanción en la actividad legislativa hasta su promulgación», lamentó.
La situación del TCP fue expuesta días atrás por su propia presidenta, Verónica Prudencio, quien informó que el tribunal tiene más de 18.000 causas pendientes y que, con solo cuatro magistrados no puede cumplir a plenitud sus funciones. Prudencio solicitó a la ALP agilizar la aprobación del proyecto de ley Nº 022/2025-2026, que establece un «Régimen transitorio para el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia». La norma permitiría al TCP operar excepcionalmente con los magistrados electos en 2024 mientras se completa su composición.
Orias concluyó con un llamado a la Asamblea Legislativa para que atienda el reclamo de la comunidad jurídica y la sociedad civil. «Por tanto este comunicado, suscrito por la comunidad jurídica del país, por varios abogados, abogadas que están en el litigio en la defensa de derechos humanos, de población vulnerable, organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios, se han pronunciado pidiendo que este tema ingrese entre las prioridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional», enfatizó.