Por Ricardo V. Paz Ballivián
Tras tres décadas analizando las asimetrías del desarrollo regional en Bolivia, resulta evidente que el Estado boliviano ha llegado a un punto de fatiga estructural donde el centralismo ya no solo es ineficiente, sino que actúa como un ancla para las fuerzas productivas de la periferia.
Como señala el académico y abogado Carlos Hugo Molina en sus diversas tesis sobre la “Participación Popular” y la descentralización, Bolivia vive en una tensión constante entre un centro político que concentra la decisión fiscal y unas regiones que generan la riqueza, pero carecen de la capacidad normativa y financiera para reinvertirla según su propia vocación territorial.
La estructura normativa diseñada en la Constitución Política del Estado de 2009 y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley 031) sentó las bases de un Estado Autonómico que, en la práctica, ha sido tutelado y asfixiado por un régimen de transferencias condicionado y una excesiva regulación administrativa que impide la gestión autónoma real.
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El nuevo pacto fiscal no es simplemente una redistribución de porcentajes de coparticipación tributaria o de recursos provenientes de los hidrocarburos; debería ser, en esencia, un contrato social de refundación del poder. Según la teoría del federalismo fiscal de Wallace Oates, la eficiencia en la provisión de bienes públicos aumenta cuando el nivel de gobierno más cercano al ciudadano tiene la autoridad para decidir sobre los ingresos y gastos, un principio de subsidiariedad que en Bolivia ha sido sistemáticamente ignorado por el cálculo electoralista del nivel central.
En este escenario, las elecciones subnacionales de 2026 no son un trámite administrativo más, sino el catalizador necesario para una transición hacia un modelo de desarrollo basado en la competencia cooperativa entre regiones. Los nuevos actores políticos, libres quizás de los traumas o de las confrontaciones de las últimas dos décadas, tienen el imperativo ético de traducir el descontento regional en una propuesta técnica viable.
Es aquí donde la figura de Rodrigo Paz Pereira cobra una relevancia estratégica sustancial. Como actor que proviene de una tradición política con arraigo en la Tarija autonómica y que ha navegado tanto la gestión municipal como el debate legislativo nacional, Paz se encuentra en la intersección exacta de la historia. Posee la genealogía política del autonomismo, pero también la plataforma nacional para articular un discurso que no sea visto como “separatismo” en el occidente ni como “entreguismo” en el oriente. Su rol debe ser el de un arquitecto de consensos que entienda que el coraje hoy no se mide en la confrontación retórica, sino en la capacidad de proponer una reforma profunda a la Ley 031 que elimine las trabas a la generación de recursos propios de las Gobernaciones y Municipios.
La historia enseña que los procesos de descentralización que fracasan son aquellos que se quedan en la transferencia de responsabilidades sin la transferencia de poder real. Por tanto, el liderazgo que se requiere debe empujar una reforma que permita a las regiones emitir deuda, gestionar inversión extranjera directa de manera autónoma y, fundamentalmente, participar de una caja única donde el criterio de población no sea el único, sino que se premie la eficiencia administrativa y la compensación por desventajas geográficas.
Para que esta “rueda de la historia” gire definitivamente, es fundamental superar la narrativa del Estado rentista. No se puede hablar de autonomía plena mientras las regiones sigan dependiendo exclusivamente del precio internacional de las materias primas y de la voluntad del Ministerio de Economía para desembolsar presupuestos. La voluntad política mencionada implica, necesariamente, que el liderazgo subnacional asuma el costo político de la corresponsabilidad fiscal. Rodrigo Paz tiene ante sí el desafío de liderar una coalición de regiones que demande una autonomía de “segunda generación”, donde la descentralización de la salud y la educación no sea solo operativa, sino también curricular y financiera.
El politólogo Alfred Stepan advertía que, en los sistemas heterogéneos, la unidad del Estado solo se preserva si se permite una diferenciación institucional suficiente para que las partes se sientan dueñas de su destino. Bolivia tiene la oportunidad de evitar la implosión social mediante un pacto fiscal que reconozca que Santa Cruz, Tarija, Beni o Potosí tienen motores económicos distintos que no pueden seguir siendo calibrados desde un escritorio en La Paz. El momento es ahora porque el ciclo del gas ha terminado y el nuevo ciclo económico, basado en la tecnología, el litio, el agro de precisión y las energías renovables, requiere de una agilidad institucional que el centralismo es incapaz de proveer.
Paz y los nuevos líderes lo deben asumir y entender. No hay un camino hacia las autonomías … las autonomías son el camino.